La Sección Primera de la Audiencia ha rechazado que el PP, que ejerce la acusación particular, reclame ahora 741 millones de euros a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al resto de los 20 ex altos cargos sentados en el banquillo de los acusados en el juicio del conocido como procedimiento específico. Según los magistrados, “no ha lugar a lo solicitado, dado que la acusación particular no está legitimada para solicitar la responsabilidad civil, que solo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal”, algo que no han hecho ninguno de los dos.
En un auto notificado hoy a las partes, el tribunal que juzga el caso ERE responde así a la petición planteada por los abogados del PP el pasado 6 de febrero, en un escrito en el que solicitaba que se le tuviera “por desistido de su solicitud de no tener por puesta la exigencia de responsabilidad civil para los acusados ejercida en su escrito de acusación”. Una petición que ahora hacía “a fin de ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y los andaluces en general”.
El motivo que llevó al PP a reclamar la semana pasada la responsabilidad civil es el hecho de que la Junta de Andalucía no lo haya llevado a cabo esta reclamación, pues se retiró como acusación pero reservándose una futura acción civil para reclamar los fondos públicos lapidados. Anticorrupción tampoco reclama esta cuantía. Por ello, los populares que inicialmente cifraban en fraude en 1.200 millones de euros, pidieron que los 22 acusados respondan “de manera solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Andaluza, en la cantidad total de 741.596.575 euros, fijada en su día por el Ministerio Fiscal, que se corresponde con el importe total de las transferencias de financiación realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L».
Esta petición suponía un giro con respecto a lo planteado en sus cuestiones previas cuando el letrado del PP expresó su renuncia a pedir la reclamación de la responsabilidad civil de los acusados, pues según dijo entonces, «la acusación pública y la particular «no estamos legitimados», tal y como ahora le recuerda el tribunal.
El abogado justificó este cambio en que no había tenido acceso a la pieza de responsabilidad civil incoada por el Juzgado de Instrucción número 6, pese a haberlo solicitado. Además, alegó que ante la «imposibilidad» de interrogar a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, al ser rechazada su propuesta de que fuera citada como testigo, «sobre la actuación de los letrados de la Junta de Andalucía en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles ex delito».
El escrito del PP recalcaba que «no consta en las actuaciones» el escrito «que se dice fue presentado por los letrados de la Junta de Andalucía reservándose expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente». Para el PP, este planteamiento sería «contrario a la doctrina del Tribunal Supremo que precisa que la renuncia de derechos tiene que ser personal, clara, inequívoca, sin condición alguna con expresión concluyente de su voluntad terminante, lo que en el caso de la Administración Pública se ha de verificar mediante un acto administrativo expreso y motivado dictado por el órgano competente en la materia, que no consta en las actuaciones».
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