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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entre el consejero del ramo catalán, Andreu Mas-Colell, y la andaluza, María Jesús Montero. / Efe
Andalucía recibirá del Estado 1.700 millones de euros más que el año pasado para hacer el presupuesto de 2016, pero el 70% de ese dinero no podrá destinarse a políticas que dinamicen la economía, porque el Gobierno central ha restringido el uso de ese superávit al pago de la deuda que la Junta tiene contraída con los bancos. Así lo denunció ayer la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Montero acudió a la reunión con el ministro Cristóbal Montoro con la sospecha de que la cifra de las entregas a cuenta del Estado a Andalucía que había anunciado el presidente Mariano Rajoy en Sevilla escondía algún truco. La consejera pensaba que, seguramente, habría que descontar una parte de la liquidación negativa de 2014, igual que ocurrió el año pasado: En 2013, el Gobierno erró al calcular el dinero que recaudarían las comunidades vía impuestos, y adelantó a Andalucía más de lo que le correspondía. Al recalcular la operación, el Estado le reclamó una deuda de 426 millones de euros, que finalmente se quedó en 265 millones.
Pero esta vez ha ocurrido al revés. Andalucía recibió de menos en la liquidación del presupuesto de 2014 (la economía repuntó y esto le permitió recaudar más), de modo que el Gobierno calcula que ahora le debe a la Junta más de 800 millones, un dinero que ya está incluido en los 1.700 millones que anunció Rajoy. ¿Dónde está la «letra pequeña» que denuncia Montero? Según la consejera, el 70% de ese dinero no podrá dedicarse al gasto público, y por tanto no revertirá en los servicios esenciales ni en las familias ni en la lucha contra el paro, que atenaza al 31% de la población activa andaluza. La explicación es compleja: las comunidades están sometidas a un objetivo de déficit del 0,3% del PIB en 2016, un techo que limita mucho su capacidad de inversión y de hacer política. A esto, Montoro le suma la llamada «regla de gasto», una medida preventiva que impide a las comunidades gastar el superávit que recibirán gracias a la buena evolución de la economía. El Ministerio «obliga» a invertir el excedente –contando con un crecimiento superior al 1,8% del PIB– en amortizar la deuda con los bancos, en lugar de destinar el dinero a políticas de estímulo. Según los cálculos de Montero si a las entregas a cuenta del Estado se le resta el objetivo de déficit y las restricciones que impone la regla de gasto, Andalucía solo podrá usar 509 millones de esos 1.700 millones prometidos. Con estas cuentas, la Junta habría recibido un 3% más de las entregas a cuenta respecto al ejercicio anterior, y no un 11%, como se anunció. Montero critica que la regla de gasto se aplique de forma «preventiva», cuando aún hay déficit, y acusa al ministro de ser más exigente incluso que la UE al aplicar medidas de austeridad.
La consejera acudió ayer a Madrid con tres deseos por cumplir: Primero, un objetivo de déficit más holgado para el año que viene –fijado ahora en el 0,3% del PIB para todas las comunidades– que le permita dibujar un presupuesto menos austero que en años anteriores (pidió llegar al 1%). No le fue concedido, ni a Andalucía ni a ningún otra comunidad. Segundo, un compromiso escrito de que las entregas a cuentas del Gobierno [que representan el 80% del presupuesto andaluz] sumarían esos 1.700 millones, alcanzando los casi 17.000 millones para 2016. Tampoco lo logró. El tercer deseo es, en realidad, el que más urge a la Junta: que el Estado acepte fraccionar el pago de los 265 millones por la liquidación negativa de 2013, un dinero que tendrá que detraer del presupuesto en vigor antes del 31 de diciembre. Según la consejería, el Ministerio no abordó ese asunto.