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El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías saluda a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez ante los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. / Raúl Caro (Efe)
La quinta jornada del juicio por el llamado procedimiento específico de los ERE ha arrancado con la exposición de las cuestiones previas de las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo de los acusados. El turno ha comenzado con los abogados de los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, que han coincidido en solicitar al tribunal la retirada del delito de asociación ilícita del que le acusa el PP y la nulidad de las actuaciones realizadas por el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 Álvaro Martín, una petición que también ha planteado Carmen Martínez Aguayo.
El abogado de Álvarez, Rafael Alcácer, ha reiterado que “nos hallamos ante una acusación sorpresiva que nunca ha sido invocada” en la instrucción, durante la cual “nunca fue preguntado por este hecho delictivo”. El letrado ha puntualizado en este sentido que en el auto de procesamiento el magistrado no hacía referencia a este delito y que, por tanto, “nadie puede ser imputado por un delito sin ser escuchado por el juez instructor”. “Si no se incoan diligencias por este delito, si no se investigan, si no fue imputado por ello, si no tuvo oportunidad de defenderse, el PP no puede sustentar su acusación en este delito, so pena de vulnerar derechos fundamentales”, ha añadido.
Igualmente, el letrado ha criticado la falta de argumentos del PP para introducir este delito en su escrito, “limitándose a asegurar la existencia de un concierto tácito entre los acusados. Más allá de esta afirmación no hay argumentos”, incidiendo en que en este sentido “no propuso ninguna clase de prueba”, señalando que se trata de un escrito que “adolece de raquitismo”. “Tiene una absoluta carencia de concreción fáctica”, ha concluido.
“LASTRE POLÍTICO”
Más allá ha ido el letrado de Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, quien ha aludido directamente a la intención del PP de “politizar” la causa al introducir en su escrito de acusación el delito de asociación ilícita, pese a que la investigación del caso nunca se dirigió en este sentido. Por eso ha calificado esta petición como un “lastre político”, por lo que pidió al tribunal que no deje que se politice este juicio, en clara referencia también a la petición del PP de que declare como testigo la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Una petición a las que se han sumado abogados como el del la ex secretaria de Empleo Lourdes Medina.
El PP ha justificado hoy que ha solicitado la citación como testigo de Susana Díaz en que durante el desarrollo del juicio ha ofrecido datos sobre los hechos en sus comparecencias públicas.
Otra de las cuestiones en las que han coincidido los abogados defensores es, como ya pidió ayer el abogado de José Antonio Griñán, es la nulidad de las actuaciones realizadas desde enero de 2016 por el que entonces era juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 Álvaro Martín hasta el dictado del auto de procesamiento. En este sentido, el abogado de Zarrías ha considerado que los acusados fueron “privados del derecho del juez natural” en el momento en que la instrucción la asumió Martín, en lugar de la jueza titular María Núñez Bolaños.
El abogado señala el origen “de esta brusca irrupción” tiene su origen en un acuerdo entre ambos jueces en el que se recoge que “se considera adecuado” que fuera Martín quien asumiese la causa. Para el letrado a partir de ahí “todos los actos son nulos de pleno derecho, sin necesidad de demostrar que existió indefensión”. No obstante, a su juicio existió esta indefensión porque el magistrado “vulneró el principio de igualdad de armas” al conceder más tiempo a las acusaciones y defensas para presentar sus respectivos escritos. “Se provocó un perjuicio que ya es insuperable”, ha añadido. Unos argumentos a los que se han adherido gran parte de los letrados defensores.
Por otro lado, el letrado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, también ha planteado por su parte un cambio en el orden de la práctica de las pruebas a lo largo del juicio, de tal forma que los acusados sean los últimos en declarar. “Las declaraciones son un medio de defensa”, incidiendo en que hay que “descubrir la verdad de lo ocurrido sin desatender” este carácter defensivo.
VIERA PIDE LA PRESCRIPCIÓN
El letrado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, José Manuel Herrera, ha pedido al tribunal que se revoquen los autos del juzgado de procesamiento y “se retire el delito de malversación continuada” del que viene siendo acusado. Su abogado entiende que se está realizando una “acusación general”, sin que se concreten los hechos que se le imputan. En este sentido, ha añadido que “no se concreta la conducta específica en cada una de las ayudas” y ha pedido que no sea juzgado “en dos procedimientos penales por una misma responsabilidad”.
Asimismo, ha solicitado la retirada del procedimiento porque el delito de prevaricación del que también se le acusada “ha prescrito”. El abogado ha recordado que Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004, cuando cesó en abril. Viera fue imputado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2014, por lo que se produjo “fuera del plazo máximo de diez años” fijados para el delito de prevaricación.
Igualmente, los letrados han solicitado diversa documental y testificales, entre ellos el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien ha pedido que declaren como testigos varios ex altos cargos del Gobierno de Aznar que están imputadas en la pieza abierta por la Faja Pirítica de Huelva. Carmen de Miguel García y Soledad Córdova llegaron a declarar ante la jueza María Núñez por las ayudas concedidas por el Ministerio de Empleo.