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Los expresidentes Jose Antonio Griñán y Manuel Chaves. / EFE
Los abogados que ejercen las defensas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han elevado sus conclusiones a definitivas y han solicitado la libre absolución de sus representados.
Tras el turno de la Fiscalía y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, ha intervenido Pablo Jiménez de Parga, abogado de Chaves, quien ha elevado a definitiva sus conclusiones. En este sentido, cabe recordar que, en su escrito de defensa, solicitaba la libre absolución para su representado porque “ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas” a la concesión de ayudas sociolaborales.
Además, Jiménez de Parga, en su escrito, añadía que “nadie le advirtió de ello” y el interventor general de la Junta “tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”. Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser ésta su función” como líder del Ejecutivo andaluz, aseguró entonces el letrado.
10 años de inhabilitación para Chaves
La Fiscalía y el PP-A solicita para Manuel Chaves diez años de inhabilitación especial por un presunto delito de prevaricación continuada, si bien su defensa muestra su “absoluta disconformidad” al respecto y niega los hechos atribuidos tanto por el Ministerio Público como por el resto de acusaciones.
Igualmente, en el escrito de defensa, elevado a definitivo este lunes, el letrado expone que, durante los sucesivos mandatos en los que Chaves ostentó el cargo, el Consejo de Gobierno adoptó anualmente el acuerdo por el que se aprobó el respectivo Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el siguiente año, previo el preceptivo Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, y acordó la remisión del correspondiente Proyecto de Ley al Parlamento de Andalucía “para su examen, enmienda y aprobación”.
Añade que, entre 2000 y 2009, el Consejo de Gobierno aprobó 18 modificaciones presupuestarias relativas a los programa 22E y 31L --con cargo al que se concedían las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas de los ERE-- de un total de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas durante ese mismo periodo, y asegura que dichas modificaciones “contaron con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados”.
“Todas estas modificaciones presupuestarias contaron con el preceptivo informe, favorable en todos los casos, de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, manifiesta Jiménez de Parga.
Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, las referidas 18 modificaciones presupuestarias fueron remitidas a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las específicas previsiones que aparecían en la Ley de Presupuestos aprobada por el propio Parlamento para el correspondiente ejercicio.
6 años de prisión para Griñán
De otro lado, José María Mohedano, abogado que ejerce la defensa de Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha elevado a definitiva sus conclusiones con algunas modificaciones, pidiendo también la libre absolución para sus representados.
La Fiscalía solicita para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que pide diez años de inhabilitación para Lozano por un delito de prevaricación.
El abogado de Griñán niega el delito de malversación por el que acusan a Griñán la Fiscalía y PP-A, ya que Manos Limpias lo ha retirado este lunes. “Nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era competencia de su Departamento de Hacienda”, subraya Mohedano.
El abogado asevera, asimismo, que el expresidente “no aprobó nunca, como consejero, modificación presupuestaria alguna, ya que, durante su periodo de mandato, todas las modificaciones presupuestarias fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno”, señalando que todas las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno fueron elevadas al mismo por Griñán porque “contaban con el informe favorable” de la Dirección General de Planificación y Fondos Europeos, de la Intervención General de la Junta y de otros centros directivos.
Por ello, “la única actuación que adopta el consejero de Economía y Hacienda es puramente formal: su elevación al Consejo de Gobierno contando previamente con todos los informes favorables que ordena la legislación”.
Asimismo, manifiesta que, en el proceso de elaboración del anteproyecto del presupuesto, el consejero de Economía y Hacienda “no dicta resoluciones”, sino que “su trabajo es coordinar el proceso y la elaboración final de un anteproyecto que eleva al Consejo de Gobierno para que éste decida su transformación en proyecto de Ley y su remisión al Parlamento andaluz”.
Según agrega, “todas las actuaciones del consejero de Economía y Hacienda y del Consejo de Gobierno de la Junta se adoptaron partiendo de que el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica consideraba legales las transferencias de financiación y, por consiguiente, no inició en ningún caso los procedimientos que le corresponderían haber actuado en el caso de considerar lo contrario”.
En esta línea, afirma que “nunca se elevaron” a su patrocinado los informes de cumplimiento del año 2003 ni el informe adicional del año 2005 de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA --donde se recogen irregularidades en el sistema de concesión de las ayudas--, “y hay datos y pruebas de que ni se elevaron ni fue informado de los mismos porque en ningún momento se proponía su actuación”.
Mohedano, que ha pedido que se condenen a las acusaciones al pago de las costas, también ha explicado las modificaciones introducidas en el escrito de conclusiones de Antonio Lozano, centrándose principalmente en que el director general de Presupuestos y el titular de Hacienda “no son órganos resolutorios” en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Junta, y Lozano “no dictó resolución alguna para aprobar los anteproyectos”.
Además, ha añadido que éste “no tiene competencia para formular el anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo”.
Sobre el uso de las transferencias de financiación, Mohedano ha indicado que éstas son una técnica presupuestaria que “no producen en sí misma un resultado contrario a derecho, ni son un procedimiento de concesión de subvenciones”. Su empleo “no prejuzga” la gestión del crédito ni predetermina la ejecución.
Al director general de Presupuestos “no se le puede atribuir capacidad de gestión de un crédito”, ni tiene competencias para la “elaboración del presupuesto de la Junta, ni en el debate ni en la aprobación”, que corresponde al Parlamento. Tampoco “nunca” tuvo competencias de control, que corresponden a la Intervención General de la Junta.