-
Desayuno de un grupo de alumnos en un comedor escolar. /Efe
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, considera una «asignatura pendiente la de extender la gratuidad», o la subvención en función del nivel de renta, del comedor escolar a los colegios concertados. Una necesidad que considera más acuciante aún en la actual crisis económica en la que, a través del programa de garantía alimentaria, los comedores escolares se han convertido para muchas familias sin apenas ingresos en la única vía de garantizar tres comidas al día a sus hijos.
En su informe anual, entregado recientemente al Parlamento andaluz, el Defensor reflexiona sobre el cambio de filosofía experimentado por este servicio. De tener como misión principal facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres de los alumnos, se ha convertido hoy en «un instrumento esencial e imprescindible para la ampliación de las políticas de equidad educativa».
Maeztu señala que si antes de la crisis esta afirmación afectada a zonas degradadas y habitadas por familias con especiales dificultades, la gravedad y persistencia de la crisis ha extendido los problemas de cobertura incluso de las necesidades más básicas a todas las capas de la sociedad, incluidas muchas familias que gozaban de una economía saneada como para tener a sus hijos en colegios concertados y costear estos servicios adicionales.
No obstante, Maeztu también subraya que aunque «siempre se ha tenido el convencimiento de que la asistencia a un colegio concertado era sinónimo de solvencia económica», hay que recordar que «muchos de estos colegios están ubicados en barrios obreros con un bajo nivel de renta» y, sobre todo, esa creencia ya no tiene sentido ante una crisis que ha llevado a llamar a las puertas de comedores sociales y organizaciones humanitarias a todo tipo de persona.
Atendiendo a la función que están cumpliendo los comedores escolares, se hace necesario ampliar este servicio ya que incluso en los centros públicos la oferta de plazas se queda corta al haberse «disparado» la demanda y a los colegios concertados asisten hijos de familias cuyos únicos ingresos actualmente provienen de las ayudas públicas del sistema asistencial.
En Andalucía, el presente curso, 1.820 centros ofertan el servicio de comedor escolar, cuyo precio público se mantiene inalterable en 4,5 euros el menú desde 2009. En función de la renta, la Junta bonifica con entre el 10 y el 100 por cien del coste a las familias. El 54 por ciento de los alumnos que usan este servicio lo hacen gratis, un porcentaje que ha experimentado un gran incremento en los años de la crisis ya que en el curso 2008/2009 solo el 19,4 por ciento de los alumnos tenían derecho a la gratuidad de este servicio.
A ello se añade la puesta en marcha hace dos años del Plan de Garantía Alimentaria en un millar de centros para garantizar tres comidas al día a los niños de familias en exclusión, un plan del que se benefician unos 20.000 niños a través de los comedores escolares de colegios ubicados en barrios especialmente desfavorecidos. Una iniciativa que la Defensora del Pueblo Español puso como ejemplo a otras comunidades mientras el Defensor del Pueblo Andaluz reclamó que los comedores se mantuvieran abiertos en verano.