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La diputada de IU, Elena Cortés, en el Parlamento. / EFE
Todos los grupos menos IU apoyan la ley de servicios sociales
El proyecto de ley supera el debate a la totalidad al ser rechazada por PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos la enmienda de la coalición de izquierdas, que denuncia que la futura norma abrirá la puerta a la «privatización». El resto de fuerzas apoya su tramitación, pero advierte de que corregirán el texto vía enmiendas
El proyecto de Ley de Servicios Sociales superó este miércoles una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución presentada por IU, que fue rechazada por PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. La coalición de izquierdas aplaudió los objetivos de la norma, que busca blindar derechos reconocidos en el Estatuto, pero puso en cuestión su efectividad real puesto que las prestaciones sociales garantizadas en el proyecto “están supeditadas a la disponibilidad presupuestaria”, de modo que, según IU, esos derechos no están realmente blindados. La coalición de izquierdas, que dirige Antonio Maíllo, trató de frenar la tramitación de la ley para sustituirla por un texto más ambicioso, con mayores garantías, pero no lo logró. A pesar de las críticas vertidas por PP, Podemos y C’s, las otras tres fuerzas de la oposición apoyaron que continuase la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que podrá sufrir modificaciones en el proceso. El texto será debatido ahora en la comisión de Igualdad y Bienestar Social, y podría quedar aprobado definitivamente en un plazo de seis meses.
La diputada de IU que defendió la enmienda a la totalidad, Elena Cortés, presentó un alegato durísimo contra el texto de la norma. “Ni siquiera las leyes de servicios sociales del PP han ido tan lejos con el ánimo de lucro como la que trae aquí el PSOE. Esta norma abre una alianza con aquellos que quieren hacer un negocio con los derechos del Estatuto. Decimos no a esta ley porque es mercantilista, es un retroceso con la ley de 1988 porque abre las puertas a privatizar servicios”, dijo. La diputada de Podemos Esperanza Gómez puso el acento en la crítica al “espíritu asistencialista” de la ley, mientras la portavoz de Ciudadanos, Luisa Albás, planteó que “el presupuesto para servicios sociales no debe poner en riesgo el déficit”, un mensaje que soliviantó la bancada de la formación morada. El PP, por su parte, anunció que presentaría enmiendas al proyecto de ley, acusando a la Junta de no haber incorporado “ninguna de las 2.000 propuestas de los agentes sociales y de los ayuntamientos”.
La futura ley de Servicios Sociales distingue entre prestaciones “garantizadas” (obligatorias para la administración y reclamables por parte de la ciudadanía) y prestaciones “condicionadas”, que no constituyen un derecho al 100%, y que se otorgarán en función de la renta de las personas y siempre que haya disponibilidad presupuestaria de la Junta. Entre las primeras se incluye la teleasistencia, la atención en urgencia social, la protección de menores en desamparo (incluida su protección jurídica), la dependencia, las prestaciones a personas con capacidad limitada, los Planes Individuales de Atención (PIA) y los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento. La ley viene a garantizar las ayudas públicas para cubrir las necesidades básicas, como dificultades alimentarias, pobreza energética (luz, agua) y de vivienda (sin olvidar que hay otras leyes andaluzas que abordan específicamente el problema de los desahucios).
Hay dos instrumentos nuevos que van a permitir desarrollar esta ley: la llamada tarjeta social electrónica, similar a la tarjeta sanitaria, y la historia digital específica de cada usuario. Los beneficiarios de la futura normativa no sólo serán los andaluces, también todo aquel que resida en Andalucía, extranjeros empadronados, andaluces que viven en otros países, y todo aquel que resida en esta región en situación de extrema urgencia personal, familiar o social, incluido los inmigrantes en situación irregular (tendrán un trato distinto, pero no contarán con la tarjeta social electrónica), que recopilará todos los datos de la persona y las prestaciones sociales que necesita y ha recibido.
Cuando se apruebe la ley, cada andaluz tendrá asignado un trabajador social de referencia (también a domicilio), equivalente al médico de cabecera. Ese trabajador social debe planificar el tratamiento y seguimiento del grupo de población que le asignen, arropado por un equipo de apoyo de los servicios comunitarios, y si lo considera necesario podría derivar un caso concreto a un servicio más especializado (un psicólogo o un educador social).