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María Núñez Bolaños, jueza encargada de llevar el caso ERE. / Manuel Gómez
Un abogado imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha recurrido la decisión de la jueza María Núñez Bolaños de dividir en tres grandes piezas separadas la causa en un escrito donde asegura que el Ministerio de Trabajo ha concedido entre los años 1995 y 2013 —con gobiernos de PP y PSOE— un total de 2.370 millones de euros en ayudas sociolaborales con el «mismo marco legal» que las ayudas concedidas por la Junta que están siendo investigadas.
En su recurso, al que ha tuvo acceso Europa Press, el imputado, Carlos Leal, asevera que en la instrucción de la causa «se echa en falta un riguroso acercamiento al contexto normativo» que posibilitó la concesión de las ayudas por la Junta, para lo cual «es preciso tener muy presente el contenido y alcance» de la normativa, entre la que cita la Orden de 5 de octubre de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
En esta línea, el abogado recuerda también la Orden de 5 de abril de 1995 por la que se regulan las ayudas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas.
El imputado indica que, con fundamento en este marco normativo, y según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde al año 1995 al 2013 se concedieran por este Ministerio una suma total de 2.370.535.562,18 euros entre ayudas a trabajadores previas a la jubilación ordinaria, acogidas a la Orden de 1994, y ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, acogidas a la orden de 1995, «cerca del triple del que como un mantra se ha interesado proclamar como el malversado por la Junta en el periodo del 2001 al 2010».
Precisa que las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo amparadas en la Orden de 5 de abril de 1995 «no fueron objeto de convocatoria alguna anual en la que figuraran sus bases reguladoras, ni han dejado de considerarse excepcionales por el hecho de mantenerse vigentes durante más de 20 años, ni fueron objeto de otra publicidad que permitiera una mayor concurrencia que la que se constata mediante su publicación en el BOE».
A ello se suma que «no se ha cuestionado que su naturaleza no fuera de ayuda a trabajadores sino de subvenciones a empresas, o que la Intervención General del Estado como tales las haya considerado a los efectos de cuestionar su carácter excepcional o exigir su autorización por el Consejo de Ministros, ni que, por último, se pueda mantener que alguno de los nueve representantes de los gobiernos de España que desde el año 1995 han ocupado el Ministerio de Trabajo idearan tales ayudas para favorecer a entorno institucional o partido político».
Todo ello «interesa traerlo a colación, ya que son esos los reproches que desde el comienzo de la instrucción han ido calando de forma inapelable como vicios del proceso de concesión de las ayudas sociolaborales extraordinarias cuestionadas que fueron concedidas por la Junta, que se tildó además como ideado además para favorecer al entorno de la Junta de Andalucía y del PSOE».