Si se incumple, a la calle. La CEA se ha dotado de un código ético y del buen gobierno cuya vulneración de deberes y obligaciones por parte de sus miembros, órganos de gobierno e incluso personal podría lleva aparejada la «inmediata expulsión», sin perjuicio de exigir «las responsabilidades laborales, civiles, penales o de cualquier otra índole que pudieran proceder», dice textualmente.
El documento no tiene carácter retroactivo, es decir, sólo cabe aplicarlo a partir de ahora, y llega después de la caída en picado del prestigio de los agentes sociales (cursos de formación y empresas vinculadas, dinero público procedente de la concertación social, polémica promoción inmobiliaria de una fundación de la CEA en Sevilla Este). Se intenta, pues, recuperarlo y cerrar la etapa anterior.
«Los miembros de los órganos de gobierno de la CEA actuarán siempre de manera que sus intereses particulares, los de sus familiares o de otras personas vinculadas a ellos no primen sobre los de la CEA, tanto en las relaciones que mantengan con la propia entidad como en las que mantengan con los asociados de la misma, los proveedores o cualquier otro tercero. Asimismo, ninguno podrá hacer uso particular de los activos de la CEA (...) ni valerse de su posición en la entidad para obtener una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada». La cúpula directiva, además, deberá informar «acerca de los puestos que desempeñe y de las actividades que realice en entidades similares o análogas y, en general, en cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para condicionar su actuación como miembro (de la misma)»