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Actualización del ‘software’ de un coche Volkswagen Amarok modelo EA189 en un taller en Suiza. / W. Bieri (Efe)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó ayer dirigir el procedimiento penal que abrió en octubre por la manipulación de determinados motores diésel de Volkswagen AG contra la propia firma en calidad de investigada. Le imputa una presunta participación en delitos de defraudación que causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ya ha cursado la comisión rogatoria a Alemania, teniendo en cuenta que es en ese país donde se ubica Volkswagen AG, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
En su auto, el juez explica que la causa se inició tras la presentación de querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de determinados motores diésel de cuatro cilindros.
El trucaje pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
El fabricante, según explica en su resolución el juez Moreno, con el objetivo de fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados. Además, establece que la empresa Volkswagen AG debe ostentar la condición de «investigado» al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa.
La resolución se ha dictado en consonancia con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había solicitado la declaración de investigada de la compañía como persona jurídica.
El Ministerio Público se basaba en lo esgrimido por el representantes de Volkswagen-Audi España (filial española) que aseguró que los motores afectados los fabrica Volkswagen AG en Alemania. Se apoya también el fiscal en la documentación aportada por el Ministerio de Industria sobre las sociedades de Seat afectadas por estos hechos.
Según la Fiscalía, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque «existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat SA no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta».
El consorcio automovilístico alemán Volkswagen pagará una multa adicional de 86 millones de dólares (78,1 millones de euros) en California por el caso del software que alteraba la lectura de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de algunos modelos diésel.
Según indicó la fiscal general del Estado de California, Kamala Harris, esta cifra se suma a los 14.700 millones de dólares (13.363 millones de euros) que tendrá que abonar la compañía en Estados Unidos por el caso del diésel en concepto de recompra de vehículos, así como para la creación de un fondo medioambiental y de energías limpias.
Como parte de estas nuevas sanciones, 76 millones de dólares (69 millones de euros) irán a parar a la oficina del fiscal de California para sufragar los costes relacionados con el litigio y con la investigación. Por otra parte, los 10 millones de dólares (9 millones de euros) restantes se dedicarán a subvenciones para agencias del Gobierno y universidades, que serán utilizadas como parte de un estudio para crear tecnología que ayude a detectar dispositivos como el software usado por Volkswagen.
Personación de Facua
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene pendiente de resolver la petición de personación realizada por la asociación de consumidores Facua, que pretende ejercer la dirección letrada en representación de las más de 1.600 personas que así se lo han solicitado, si bien el número de afectados que tienen interés en personarse en la causa sube día a día. Se les piden 90 euros para formar parte de este grupo.