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La venta directa de miel es una de las actividades que regula el decreto andaluz en vigor desde el pasado noviembre. / El Correo
El pasado noviembre entró en vigor y, desde entonces, un total de 130 productores y recolectores de Andalucía que suman 307 referencias se han acogido al decreto de venta directa de productos agrarios y forestales. De ellos, sólo 32 son de Sevilla, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de finales de abril. Por ahora, el tirón de la nueva normativa para proteger la comercialización sin intermediarios de las pequeñas explotaciones es escaso, aunque las perspectivas son ambiciosas.
La titular de Agricultura, Carmen Ortiz, aseguró en comisión parlamentaria que la Consejería está realizando un «considerable esfuerzo» para dar la mayor difusión al decreto con el fin de «favorecer que puedan acogerse el mayor número posible de explotaciones y alimentos andaluces». Para eso se están organizando charlas informativas y se está difundiendo el decreto a través de folletos divulgativos, entre otras actuaciones. Una tarea que se justifica porque, según Ortiz, se estima que podrían acogerse a esta nueva normativa más de 183.000 explotaciones agrarias andaluzas y alrededor de 8.000 productores ecológicos que superan las 200.000 hectáreas, por lo que actualmente «el margen de mejora sigue siendo amplio».
Lo cierto es que con este decreto se pretende dar cobertura legal a una «realidad con gran arraigo en Andalucía» al permitir la comercialización de alimentos directamente a los consumidores finales. Huevos, setas, miel, legumbres, castañas, cereales, legumbres, frutas, espárragos o aceitunas son productos objeto de esta venta directa tradicional que supone una importante vía de ingresos para las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas que representan el 75 por ciento del sector en la comunidad.
Además, en los últimos años se ha despertado en los consumidores un gran interés por la compra de productos ecológicos y de proximidad sin intermediarios, de ahí que la Junta haya querido garantizar la seguridad alimentaria.
No obstante, desde Ecovalia, organización que aglutina a productores ecológicos, se indica que no cambió la forma de trabajar porque para lograr el certificado de ecológico ya se requiere un sistema de calidad similar al que fija el nuevo decreto. De hecho, los productores siempre habían vendido sus productos verdes. La única diferencia es «que ahora se pueden vender en ecomercados autorizados y suministrar directamente a restaurantes».
Organizaciones agrarias, por su parte, aplauden el decreto pero cuestionan su eficacia porque «no son empresas que se crean nuevas, sino que agricultores y ganaderos que ya comercializaban pequeñas cantidades por su cuenta se regularizan, obtienen un respaldo legal y cierta diferenciación».