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Vista del salón donde se celebró la junta de accionistas del pasado 23 de septiembe. / Manuel Gómez -
El documento firmado por los herederos de José García de la Borbolla y Cala para votar en la junta.
La denuncia presentada ante la Guardia Civil por Juan Soria Hurtado, con el respaldo de Manuel Castaño y Bitton Sport, contra Ángel Haro, José Miguel López Catalán y el secretario y vicesecretario del consejo del Betis por presunto delito societario y falsificación de documentos no parece que vaya a tener mucho recorrido y seguramente quede archivada una vez la Guardia Civil haga las indagaciones pertinentes sobre los hechos denunciados, sin pruebas que los respalden.
En la denuncia se acusa de “falsificar más de 300 firmas” y de que han votado accionistas muertos y se citan varios nombres, entre ellos el de Rafael García de la Borbolla y Cala, fallecido en 2011. Puestos en contacto con su hijo, José García de la Borbolla, este nos indica que es rotundamente falso que se haya falsificado firma alguna, pues lo que se aportó fue una declaración firmada de todos los herederos -la herencia yacente- para nombrar un representante en la junta de las seis acciones de su padre, documento que reproducimos y que es completamente legal. Y como el caso de García de la Borbolla, otros muchos que activaron las acciones de sus ascendientes fallecidos por métodos absolutamente legales.
Estas seis acciones, por cierto, tuvieron que ser reclamadas por los herederos al club pues creían tenerlas perdidas por no disponer del título correspondiente pese a que fueron desembolsadas en su día, asunto que daría para una larga historia.
En el seno del club está totalmente convencidos de que esta denuncia no va a llegar a ningún lado. De hecho, el denunciante, que no es ni Castaño ni nadie de Bitton, sino un joven accionista que iba en la lista de Castaño como consejero, no la presenta en el juzgado sino en un cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) y es que Castaño y miembros de Bitton ya fueron condenados a costas por impugnar sin éxito la junta de 2011, condena que acaba de ser ratificada por la Audiencia y puede suponerles un desembolso de entre 200.000 y 450.000 euros.
Puestos en contacto con el accionista Juan Soria, que fue quien presentó la denuncia, este rehusó hacer declaraciones excusándose en que tenía que «irse a trabajar» y que no tenía «nada que comentar» sobre el asunto.
Otros accionistas que aparecen en la denuncia como ‘muertos’ resulta que están vivos y ya han mostrado su extrañeza y malestar por que su nombre aparezca, como es el caso de Rafael Perea Lera o Rafel Roldán Guisado, que cedieron sus acciones para que fueran representadas por otros por los cauces establecidos.