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El presidente de SCC, José Rosiñol, rechazó ayer la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) para ser investido presidente de la Generalitat. / El Correo
El Supremo se ha dado un plazo de cinco días para resolver sobre la petición de libertad que Jordi Sànchez (JxCat) le ha dirigido para poder acudir al Parlament al pleno de su investidura, convocado para el lunes próximo, decisión que amenaza la posibilidad de celebrar la sesión en esa fecha.
Por su parte, el abogado Jordi Pina ha enviado un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para urgirle a decidir antes del viernes si permite a Jordi Sànchez, en prisión preventiva, acudir a su investidura o, de lo contrario, estudian recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El juez del caso abierto por el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia ha dado ese plazo a la acusación popular ejercida por Vox, al abogado del Estado y al fiscal, para que le den su informe sobre la petición de libertad que le ha hecho Sànchez y sobre la posibilidad de darle un permiso para que vaya al Parlament.
Sànchez, que ingresó en prisión preventiva en octubre de 2017 por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, permanece ahora en prisión preventiva por decisión del magistrado del Supremo, que es quien se ocupa del caso.
Aunque es cierto que los consultados podrían responder al juez antes del plazo fijado y eso podría hacer posible que hubiera resolución antes del día del pleno, tal probabilidad parece ahora mismo remota. De hecho, fuentes de Vox han informado a Efe de que su intención es que el escrito para Llarena no sea presentado hoy.
No es la única negativa que ha recibido Sànchez por parte de los tribunales: el Constitucional (TC) ha rechazado la petición que le hizo de que se suspendiera provisionalmente la orden de ingreso en prisión que dictó contra él la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Se trata, en todo caso, de un asunto superado por el curso de los acontecimientos. Sànchez presentó en noviembre un recurso de amparo contra esa orden de prisión preventiva (dictada en octubre), al igual que Jordi Cuixart. El Constitucional admitió a trámite ambos recursos el pasado 5 de febrero. Esos dos recursos de amparo seguirán su curso al margen de la decisión de hoy.
Por otro lado, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidió hoy un acuerdo «rápido» entre los partidos independentistas para formar un gobierno catalán «efectivo» con un candidato a la presidencia «efectivo».
Rovira se reunió hoy en Terrassa con el presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, y después de la decisión acordada por el Tribunal Constitucional (TC) de mantener a Jordi Sànchez en prisión. «Ante esta nueva circunstancia, trabajaremos para tener un gobierno efectivo y operativo tan rápido como sea posible con un presidente efectivo y un candidato efectivo», explicó.
«Tenemos que configurar un gobierno que sea operativo y que se ponga a trabajar para poner fin al artículo 155, que es una decisión política que está generando un bloqueo en nuestro país», afirmó Rovira.