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El diputado por ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado sábado durante un momento de la lectura de la carta de Junqueras. / Toni Albir (Efe)
Los presos del procés catalán regresan a Cataluña. El Ministerio del Interior resolvió ayer por la tarde una de las incógnitas que el Gobierno de Pedro Sánchez había estado tanteando en las últimas semanas y autorizó el traslado a Cataluña de seis de los nueve líderes independentistas encarcelados de manera preventiva por presuntos delitos de rebelión. Según un auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya no existe «razón procesal» que obligue a que los presos estén en un determinado centro penitenciario.
En concreto, Instituciones Penitenciarias comunicó a la Generalitat el traslado del exvicepresidente del Govern catalán, Oriol Junqueras; el diputado de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sánchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconseller Raül Romeva, que irán a la cárcel de Lledoners, en la localidad barcelonesa de Sant Joan de Vilatorrada. Mientras tanto, a la cárcel de Puig de les Basses, en la localidad gerundense de Figueres, serán trasladadas la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsellera Dolors Bassa. Por su parte, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turrull y Josep Rull serán trasladados «más adelante», ya que los trámites judiciales no han concluido para estos tres presos.
Este traslado comenzó ayer por la tarde, toda vez que Interior confirmó que «se han cumplimentado los trámites preceptivos para este tipo de traslados». De esta forma, los seis encausados ingresarán «previsiblemente entre el miércoles y el jueves en centros penitenciarios dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña». Según fuentes del proceso de traslado, los presos pasarán la noche de hoy en la cárcel de Zuera (Zaragoza) y mañana miércoles llegarán a Cataluña.
Cabe destacar que, al tener cedidas las competencias en materia penitenciaria, es la Generalitat de Cataluña quien dispone sobre las cárceles y la vida en prisión de la población reclusa. En este sentido, los políticos independentistas presos podrán ver a sus familias el mismo número de horas que en las cárceles madrileñas, que son 40 minutos a la semana. No obstante, los que tienen hijos de hasta diez años dispondrán de un poco más de tiempo y más frecuencia para estar con ellos, alcanzando los 90 minutos mensuales, algo que ocurre con los 6.712 internos en régimen ordinario en las cárceles catalanas.
Las reacciones políticas no tardaron en llegar, aprovechando incluso el debate de la elección del consejo de administración de RTVE para lanzarse dardos sobre Cataluña. Fue el caso de PP y Ciudadanos, que vincularon la decisión de Instituciones Penitenciarias a las «facturas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los nacionalistas. Así se expresó el candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, quien aseguró que se trata de una «contraprestación a una moción de censura vergonzante». Incluso el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó que resulta «enormemente chocante» que se haya conocido la decisión de Instituciones Penitenciarias el mismo día que ERC condicionaba su apoyo al PSOE para RTVE a un compromiso del Gobierno a abrir un diálogo «sin condiciones» con Cataluña. «Demuestra que el Gobierno tiene que estar permanentemente haciendo concesiones a los populistas de Podemos o a los independentistas», aseguró Hernando.
En el mismo sentido se expresó Ciudadanos, que insistió en que el traslado de los independentistas presos a Cataluña es una de las «hipotecas» del PSOE con los nacionalistas catalanes. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, afirmó que «cuando se cierra en falso un golpe de Estado institucional suceden este tipo de cosas que nos obligan a estar siempre con la sospecha». Por su parte, la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró a través de Twitter que se trata de un «nuevo pago» de Pedro Sánchez a los independentistas «a cambio de llevarle a Moncloa sin pasar por las urnas».
Desde el PSOE restan importancia a las críticas de PP y Ciudadanos. «Lo lógico es que estén cerca de su familia y de su entorno», manifestó la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, quien defendió que se trata de una medida que ya había anunciado el Gobierno, desvinculándola así de las negociaciones para el consejo de administración de RTVE o de la reunión que mantendrán el jefe del Ejecutivo y el presidente de Cataluña, Quim Torra, el próximo 9 de julio.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, celebró la decisión del Ministerio del Interior y recordó que «la legislación penitenciaria establece que las penas privativas de libertad nunca pueden ser en contra de los familiares». Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, no dio «ningún valor político» al traslado de los líderes independentistas a Cataluña porque «es cumplir la legalidad». «Lo anómalo era que no estuviesen en libertad o, en su caso, en cárceles catalanas», comentó Campuzano. Mientras tanto, el portavoz de ERC, Joan Tardá, aseguró que «es una vergüenza» que el traslado no se efectuara antes, «porque tienen unos derechos reconocidos por la ley penitenciaria», aseveró.