La Fiscalía se querella contra Puigdemont, el Govern y Forcadell por rebelión

Ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia

30 oct 2017 / 12:47 h - Actualizado: 30 oct 2017 / 14:08 h.
"Tribunales","Desafío secesionista catalán","Carles Puigdemont"
  •  El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a su salida de un restaurante de Girona el pasado sábado. / EFEç
    El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a su salida de un restaurante de Girona el pasado sábado. / EFEç

La Fiscalía se ha querellado este lunes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

Así lo ha anunciado en una comparecencia sin preguntas el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha explicado que en las querellas se solicita que sean citados los querellados «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados».


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Maza ha detallado que la primera querella ante la Audiencia Nacional se dirige contra «los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia», realizada «con total desprecio a nuestra Constitución»

La segunda querella se ha presentado esta misma mañana ante el Tribunal Supremo al conservar «la mayoría» de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Esta querella se dirige contra Forcadell y contra todos los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo.

Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos «la culminación del proceso independentista» facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

El fiscal general ha recalcado que «a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas».

En la comparecencia, Maza ha estado acompañado del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe de la Inspección de la Fiscalía, Fausto Cartagena, y del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, José Miguel de la Rosa.

Las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado ante la Audiencia Nacional y el Supremo contra los dirigentes del proceso soberanista solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su «inmediata detención».

«INMEDIATA DETENCIÓN» EN CASO DE INCOMPARECENCIA

Las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado ante la Audiencia Nacional y el Supremo contra los dirigentes del proceso soberanista solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su «inmediata detención».

El fiscal, en sus querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, pide la citación para valorar la adopción de medidas cautelares contra la veintena de querellados, entre los que están todos los exmiembros del Govern y seis miembros la Mesa del Parlament.

Considera el Ministerio Público que la urgencia de las citaciones tiene en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, «la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas».