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Un bombero observa los bloques de pisos que serán demolidos. / Luca Zennaro (Efe) -
Un vecino lleva las pocas pertenencias que le han dejado recuperar. / L.Z. (Efe)
Las 311 familias, en total 632 personas, que vivían en los pisos construidos bajo el puente de Génova que se desplomó y causó 38 muertos, no podrán regresar a sus hogares. El presidente de la región italiana de Liguria, Giovanni Toti, anunció, sin embargo, que antes de final de año se darán casas a estos ciudadanos.
La calle Fillak, en el barrio de Sampierdarena, no volverá a existir porque sus casas serán demolidas, como también anunció el ministro del Interior, Matteo Salvini. Por el momento, Totti anunció que se han encontrado ya 30 casas disponibles para los desalojados, mientras que otro centenar llegará más tarde y se espera reubicar a todas las personas antes de final de año.
Algunos de los habitantes de los barrios afectados –en total son 11 edificios– han pedido a los bomberos que acudan a sus casas para rescatar a los animales domésticos o a recoger algunas medicinas de urgencia. Muchos esperan la posibilidad de que los bomberos accedan a sus casas al borde de la llamada zona roja de Génova que ha sido completamente acordonada. Por el momento, nadie podrá volver a entrar en sus casas mientras el resto del puente se encuentre sobre los edificios y no se compruebe el estado, aseguran los medios italianos.
Mientras, el Gobierno italiano y la concesionaria Autostrade per l’Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente, protagonizaron ayer un cruce de acusaciones a raíz de un siniestro. El Gobierno, que el miércoles pidió la dimisión de los directivos de Autostrade, siguió ayer la misma estrategia y apuntó a la compañía como la responsable del suceso.
Salvini atacó a la compañía y consideró que los directivos deberían darse «un baño de humildad» y ayudar económicamente a las familias de la víctimas. «Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa», argumentó. Mientras que la compañía criticó al Ejecutivo de haber anunciado un proceso para la revocación de la concesión a Autostrade «en ausencia de investigaciones sobre las causas reales del incidente».
Por su parte, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes informó ayer de que ha constituido una comisión de inspección para llevar a cabo una investigación sobre las causas del derrumbe y determinar «cualquier incumplimiento por parte del titular de la concesión».