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Uno de los comercios más característicos de la Carrera Oficial. / José Manuel Cabello
La Confederación de Empresarios de Sevilla ha presentado ante el Ayuntamiento una serie de alegaciones a la nueva ordenanza reguladora de obras y actividades, aprobada inicialmente en el pleno municipal del mes de julio. Entre las enmiendas se hace especial hincapié al artículo 19 de esta normativa, relativo a las licencias condicionadas, en el que se incorpora un texto que otorga al gobierno local la capacidad para limitar la actividad comercial de los negocios en Semana Santa, entendiendo que este hecho genera cierta «indefensión» entre los empresarios de la ciudad.
En este sentido, cuando el borrador de la norma se presentó ante el Consejo Económico y Social de Sevilla, éste recogía que «en las actividades que presenten fachada a la Carrera Oficial, tanto legalizados mediante licencia como declaración responsable, el ejercicio de la actividad podrá limitarse motivadamente durante dicho periodo en las horas o con las condiciones que se indiquen, pudiendo llegarse a la suspensión temporal de la actividad». Un extremo sobre el que se emitió un informe negativo, al entender que no se debía regular en esta ordenanza, solicitando su eliminación de la norma.
Sin embargo, el texto que aprobó el pleno el pasado julio mantenía este mismo párrafo con la única excepción de la última frase, «pudiendo llegarse a la suspensión temporal de la actividad», que finalmente fue suprimida. Pero entre los empresarios siguen sin entender que esta ordenanza mantenga la regulación de este extremo, ya que consideran que «no debe incluirse ninguna mención a limitaciones de actividad durante la Semana Santa». Al respecto indican que, en caso de considerarse necesaria la regulación, «debería de realizarse en otra norma y consensuarse con los agentes económicos implicados».
Pero lo que ahora pide la CES es que el Ayuntamiento retire este artículo de la ordenanza al considerar que la redacción provoca «inseguridad jurídica a los empresarios» que, incluso, «podrían ver suspendida su actividad, si así lo acuerdan». Así, fuentes de los empresarios señalan que, aunque no aparezca recogido de forma literal, el uso de la expresión «la actividad podrá regularse motivadamente» deja abierta la puerta a que el Consistorio pueda tomar una decisión unilateral sobre los negocios, basándose en criterios como la seguridad. «La intención original era esa», advierten, y con lo refrendado hasta el momento, se genera una «inseguridad jurídica», dada «la ambigüedad» del texto.