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Los ‘ángeles’ del mar abandonan la isla de Lesbos

Los miembros de Proem-Aid vuelven a casa tras nueve meses en Grecia. Los tres sevillanos acusados de dos delitos siguen esperando el juicio por el que se enfrentan a diez años de cárcel

h - Actualizado: 22 ago 2016 / 20:09 h.
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Llegaron en diciembre de 2015 a la isla de Lesbos (Grecia) con la única intención de ayudar a las miles de personas que arriesgaban sus vidas por mar huyendo de la guerra de sus países. Nueve meses después, la ONG Proem-Aid (Professional Emergency Aid) y sus miembros regresan a casa por falta de financiación y un descenso de los trabajos que realizaban. No obstante, ellos lo han querido calificar como un stand by ya que han dejado sus herramientas de trabajo allí y esperan volver.

Durante todo este tiempo se han visto lastrados por numerosos acontecimientos. El más sonado fue la detención de tres de sus miembros por las autoridades griegas cuando realizaban un rescate en el mar. Tras ser detenidos y pasar por la cárcel fueron acusados por tráfico ilegal de personas y posesión de armas. Este duro varapalo tambaleó las estructuras de la ONG, pero gracias a la ayuda de ciudadanos de todo el mundo salieron adelante y pudieron seguir con su trabajo en la isla.

Ahora, los tres sevillanos que fueron detenidos siguen a la espera de juicio. Un juicio en el que la Fiscalía griega pide diez años de prisión para cada uno. Los tres bomberos sevillanos detenidos en Lesbos –Enrique Rodríguez, Julio Latorre y Manuel Blanco– tienen la esperanza de que finalmente todo se quede «en una mala pesadilla». Mientras esperan el proceso, paralizado por los problemas que asolan a Grecia, explican, que están con «una sensación agridulce». A pesar de todo, ellos se quedan con la «satisfacción» de haber salvado cientos de vidas durante su estancia en Lesbos. Muchos compañeros de profesión han hecho hincapié en que «es importante recordar que arriesgaron sus vidas para ayudar a miles de personas, pero el gobierno griego equipara sus labores de rescate con el tráfico ilegal de personas».

Por eso, coincidiendo con la revisión de la normativa de la Comisión Europea, Proem-Aid ha puesto en marcha una recogida de firmas para consultar al público qué piensa sobre la criminalización de las personas que ofrecen ayuda humanitaria. Con esta iniciativa se pretende también intentar modificar la normativa que regula la entrada de refugiados a través del tráfico de personas, una de las acusaciones a las que se enfrentan estos ángeles del mar.

Las redes sociales ya echan humo para ayudar a estos héroes. La abogada que les ayuda desinteresadamente en su juicio, Paula Schmid, tiene fe en que finalmente todo se aclare para bien de estos tres bomberos a los que la justicia griega ha señalado. «Dudo mucho que se criminalice a unos actores humanitarios por salvar vidas», manifiesta. No obstante, aclara que si es necesario «vamos a luchar hasta donde sea para evitar la condena».

De una posible condena no quieren escuchar hablar los tres bomberos que fueron detenidos. Uno de ellos, Manuel Blanco, afirma que les entra «repeluco» cada vez que tienen que lidiar con el tema. Recuerda que se trasladaron hasta allí para ayudar y sabían lo que se podían encontrar, pero no contábamos con que «nos tuviéramos que enfrentar a diez años de prisión». Así, explica que el artículo 98 del Derecho del Mar de las Naciones Unidas «exige al capitán de un buque a auxiliar a cualquier persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar». Por esta razón, no entiende que se les haya criminalizado, pues lo «único» que hicieron en Lesbos es «salvar vidas», o lo que es lo mismo, «cumplir la normativa de las Naciones Unidas».

NEGOCIACIONES

Durante meses, el Gobierno español y el griego se han reunido en repetidas ocasiones, pero sin ofrecer ninguna solución al respecto a estos bomberos sevillanos. Para más dificultades, la falta de un Ejecutivo en España obstaculiza los contactos con el país griego y por ende, el proceso que esperan estos tres sevillanos. «Tampoco están haciendo nada los demás países europeos para ofrecer una solución real a la crisis de los refugiados», manifiesta Proem-Aid en su web. Por este hecho, desde la ONG se argumenta que «no se puede dejar que Europa se hunda en una crisis humanitaria provocada por ella misma. Aunque nuestros gobiernos no sepan qué camino seguir, nosotros, el pueblo de Europa, deberíamos ser capaces de seguir ofreciendo ayuda humanitaria a los más necesitados». La organización anima así a todos a unirse para que en esta crisis humanitaria sin precedentes, para que «todos los que dedican su tiempo y su corazón a ayudar a quien urgentemente lo necesita no sean acusados de un delito penal».

Proem-Aid quiere dejar claro que sólo ha recibido una ayuda de la Diputación de Sevilla y que todas las administraciones locales y nacionales han querido permanecer al margen. Esta ONG se ha mantenido nueve meses en la isla griega de Lesbos gracias a la ayuda a través de donaciones de los ciudadanos. Ya en España, quieren buscar financiación para poder volver de nuevo a proteger a los más necesitados.

«LO PEOR EN GRECIA ESTÁ POR LLEGAR»

Es cierto que en los últimos meses ha descendido el número de botes que transportan a refugiados entre la costa de Turquía y Grecia. A este respecto, Paula Schmid, abogada de los tres sevillanos que se enfrentan a dos delitos por auxiliar a personas que se ahogaban en el mar Egeo, avisa de que «lo peor en Grecia está por llegar». Y es que, el trabajo de estos voluntarios no es sólo el de recate. En los últimos meses han dado clases de natación a los niños que han sufrido una experiencia traumática en el mar y también han ayudado en otras parcelas. «Su presencia en Lesbos es necesaria», dice Paula.

Por su parte, José Pastor, uno de los fundadores de Proem-Aid, explica que «la labor de los voluntarios que dejan atrás su país y familias es importante de reconocer». Del mismo modo, cuenta que los europeos pagan doce euros por un viaje de ida y vuelta desde Lesbos hasta Turquía en barcos que cuentan con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, los refugiados deben pagar entre 500 y 1.000 euros por intentarlo en uno que no las tiene. Esta es la pura realidad».


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