Los resultados de la monografía Diferencias educativas regionales 2000-2016. Condicionantes y resultados, de la Fundación BBVA y el Ivie, arrojan el dato de que en Andalucía el 50 por ciento de centros se encuentra en entornos educativos desfavorables, mientras que este porcentaje no supera el 10 por ciento en Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco, Baleares, Madrid, Galicia y Castilla y León. Además, los entornos favorables benefician en Madrid al 46 por ciento de los centros, y en el País Vasco al 33 por ciento. El estudio aborda los llamados entornos favorables para la educación, que se caracterizan por «un nivel de formación alto, una ocupación cualificada de los padres y unos hogares con abundancia de recursos materiales con potencial educativo (libros, ordenadores, conexión a internet)». Los entornos desfavorables padecen carencias en estos ámbitos.
Los estudiantes de entornos desfavorables son formados por lo general en centros públicos, especialmente en Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, mientras que su peso es mucho menor en los centros privados. En cambio, el 65 por ciento de los centros privados se ubica en entornos favorables.
El gasto público en educación alcanza diferencias de 2.824 euros anuales por alumno entre comunidades autónomas, donde País Vasco es la que tiene mayor presupuesto, 7.320 euros por alumno en 2016, un 63 por ciento más que Madrid, la autonomía que menos gasta, 4.496 euros.
El estudio revela que en todas las CC.AA. la educación en centros públicos es mayoritaria, pero existen diferencias respecto a los privados. Por ejemplo, en País Vasco y Madrid los alumnos de la enseñanza privada superaban el 40 por ciento en el curso 2016-2017, mientras que en Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía, Galicia y Asturias no alcanzaban el 25 por ciento. La media de España estaba en el 30 por ciento.
Los autores de este estudio han constatado que el gasto público por estudiante de algunas regiones es impulsado al alza por la «mayor intensidad de la demanda de servicios educativos no obligatorios, el mayor nivel de renta de sus hogares, los mayores ingresos de su administración autonómica o la mayor asignación de recursos públicos a esta función». Por el contrario, este gasto público puede verse reducido cuanto menores son los recursos de la comunidad autónoma, mayor el peso de los conciertos educativos y de la educación privada no concertada, y cuanto más se concentra el alumnado en núcleos de población grandes que permiten aprovechar economías de escala en los centros educativos. Otra de las conclusiones a las que llegan los autores de este informe es que el peso de la educación privada no subvencionada y la amplitud de los conciertos «determinan la amplia heterogeneidad regional de las estructuras de financiación de la enseñanza privada».
En Extremadura el peso de la educación privada es minoritario, pero la administración pública financia casi el 80 por ciento del gasto de estos centros, y en Cantabria supera el 70 por ciento, mientras que en Madrid, Navarra y Canarias no llega al 40 por ciento. En estas tres regiones, y en La Rioja, Cataluña y Aragón, la financiación de la educación privada corresponde mayoritariamente a los hogares, mientras que en el resto es más pública que privada.