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Miembros del SAT se manifiestan en favor de Andrés Bódalo, en una imagen de archivo. / Europa Press
Y al tercer día, la UPO lo tumbó. La universidad pública sevillana anunció ayer que «no autoriza» la celebración en su Paraninfo de un acto en favor del referéndum catalán organizado por el SAT, previsto para el próximo martes 26 de septiembre, apenas cinco días antes del 1-O. La institución hispalense emitió un comunicado para esgrimir las razones que llevan a esta desautorización, toda vez que, y según refieren fuentes del sindicato agrario, existía aprobación inicial tras el registro de la solicitud, cursada el pasado miércoles.
En este sentido, la UPO ha optado por descabalgar el acto en base a que podría suponer «algún tipo de apoyo, reivindicación o llamada a participar en un proceso que se encuentra fuera del Estado de Derecho y de lo que marcan la ley y la Constitución», al tiempo han de «preservarse» de una situación de la que pueda resultar «perjudicada». El propio rector, Vicente Guzmán, ya avanzó hace unos días que estaban estudiando «el contexto que acompaña al evento», el cual se deriva, vista la decisión, que aconseja la no celebración de este acto en sus instalaciones.
El encuentro, convocado por el sindicato nacionalista andaluz aunque compartido por Podemos y la CUP, buscaba manifestar el apoyo palmario que el SAT presta a la consulta del próximo domingo día 1, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Bajo el lema 1-O empieza el #mambo, el mitin aglutinaba la participación de la parlamentaria andaluza de Podemos Andalucía, Libertad Benítez –miembro de la CUT, el brazo político del sindicato– y la de Quim Arrufat, uno de los líderes de los independentistas radicales de la CUP, secretariado nacional del partido y ex parlamentario catalán. Pese a que en un principio este periódico publicó la participación del catedrático Isidoro Moreno, en base a la aparición en el diseño inicial de la cartelería, él mismo desmintió vínculos con este acto en entredicho.
Conocida la decisión definitiva de la Pablo de Olavide de volcar el acto, la reacción del SAT no se hizo esperar. Óscar Reina, secretario general, anticipó a El Correo de Andalucía su pretensión de «desobedecer» la prohibición. «Defendemos que es un espacio público y que este es un acto democrático y que tiene que celebrarse. Si no se hace en el Paraninfo, lo haremos al aire libre», anunció. La intención del SAT es trasladar la celebración del mitin hasta la explanada de entrada a las instalaciones universitarias, junto a la cafetería.
«Lo que se ha declarado ilegal por el Constitucional ha sido el hecho de votar, pero no el que podamos hablar de eso», expresó una vez conocida la decisión de la UPO, con la que mostró comprensión y a la que quiso puntualizar que «no queremos meter en problemas». Al mismo tiempo, Reina achacó este «cambio de planes» a «presiones por parte de Subdelegación», y también vaticinó que por parte del SAT habrá un comportamiento «pacífico» aunque «será un honor desobedecer».
En cualquier caso, y en previsión de nuevas prohibiciones, Reina manifiesta que habrá acto «sí o sí», e incluso presume de haber recibido «hasta tres ofrecimientos» para acoger el acto. Estos lugares siguen a su disposición, con lo que «llegado el caso», piensan «utilizarlos». Aunque insiste Reina que la idea firme que mantienen es la UPO, un lugar de «fuertes vínculos» con un sindicato que hunde sus raíces en este espacio universitario, donde se fundó en abril del 2007.
FISCALÍA Y SUBDELEGACIÓN OPTARON POR NO INTERVENIR
Al conocerse la convocatoria del polémico mitin, publicada por este periódico el pasado miércoles, todas las miradas cayeron sobre la rectoría de la UPO. En una entrevista concedida ese mismo día a Canal Sur, Vicente Guzmán abundó en que no era partidario «de prohibir nada que esté dentro del marco constitucional y legal», aunque se reservaba el derecho de «activar los mecanismos para que no se lleve a cabo» si se consideraba ilegal.
A este respecto, y casi de forma paralela a la manifestación que ese mismo miércoles tuvo lugar a las puertas de la Subdelegación, en la Plaza de España, la pelota parecía caer en el tejado del organismo dirigido por Antonio Sanz. Sin embargo, desde Subdelegación no se registró ningún movimiento dirigido al bloqueo de un acto encaminado a difundir apoyo al referéndum catalán. A pregunta directa de este medio a la Fiscalía de Sevilla –fue la Justicia quién prohibió en primera instancia el acto de Madrid que acabó celebrándose en un lugar privado–, esta hizo saber que no intervendería «en actos que no estén directamente involucrados en la ejecución, organización o planificación del referéndum suspendido por el Constitucional», con «respeto pleno» de la libertad de expresión. A su vez, manifestó que lo haría sin perjuicio de la legitimación que tiene otras órdenes «como la Subdelegacion del gobierno» para impugnar cualquier convocatoria que se vaya a desarrollar en ámbito o locales publicos.
El embrollo, que parecía legar toda la responsabilidad a la UPO, finalizó cuando la Universidad tomó su decisión propia de desautorizar el evento.
PILAR TÁVORA Y SÁNCHEZ GORDILLO SE APUNTAN AL ACTO
El SAT también anunció la suma de nuevos ponentes, Pilar Távora y Sánchez Gordillo. Távora, destacada lider del Partido Andalucista –fue candidata del PA al Ayuntamiento de Sevilla–, concurrió como número 3 de la candidatura al Senado por Sevilla de la lista de Unidos Podemos. Sánchez Gordillo, sempiterno alcalde de Marinaleda –donde ha colocado un estelada en el mástil del Consistorio–, ya ha protagonizado actos en favor del referéndum, en su caso, en Barcelona. Otro histórico del SAT, Diego Cañamero, no podrá asistir por tener actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde ocupa un escaño por Podemos.