-
Castilblanco de los Arroyos contará con una capacidad total de 6.179 viviendas cuando el plan esté aprobado y actualizado. / El Correo
Dar solución a la problemática de las urbanizaciones es la principal finalidad del PGOU de Castilblanco de los Arroyos, documento que fue aprobado de manera provisional por el pleno el pasado 15 de junio. Esta aprobación supone –si las previsiones se cumplen– el penúltimo paso antes de que las urbanizaciones erigidas fuera de regulación al norte del municipio entren dentro de la legalidad, solventándose así de forma definitiva este escollo en el urbanismo castilblanqueño.
Para el alcalde, José Manuel Carballar, supone «un hito muy importante. Se permite la legalización y el desarrollo de las urbanizaciones». José Reyes Oliveros, arquitecto municipal, lo define como «un plan muy sensato, un excelente trabajo de Alfredo Linares –redactor– que ha dado con lo que necesita Castilblanco», añade.
La localidad se rige en materia urbanística por unas normas subsidiarias de 1985. La necesidad de suelo en el pueblo prácticamente es inexistente, de hecho incluso hay bolsas de terreno urbanizable aún disponible. El crecimiento del pueblo es «muy orgánico y controlado, realmente no se necesita suelo». Las urbanizaciones ubicadas en el camino de San Benito, construidas fuera de la legalidad en suelo rústico, suponen un problema en la ordenación, que ha determinado la redacción del plan para legalizar su situación.
Para ello, «prácticamente el 80 por ciento del crecimiento que permite la ley ha sido dedicado a esta zona», explican. Pero el interés radica también en la posibilidad de legalizar la gran cantidad de viviendas diseminadas que existen por la propia idiosincrasia del pueblo.
Las parcelaciones
Según se detalla en el documento, hay una «especial reflexión» ante las parcelaciones «cuya extensión multiplica por cinco el suelo urbano consolidado», en el que incluso las normas subsidiarias reconocen «como suelo urbano una serie de islas dentro de estas parcelaciones», lo que requiere «un tratamiento urbanístico muy singular». Señala cómo existen «544 viviendas en situación irregular», por lo que es necesario «abordar objetivos de regularización», reconociendo «la realidad, su más que previsible irreversibilidad, y su integración en el medio urbano».
Se alcanzaría una capacidad total de 6.179 viviendas, lo que prevé un incremento poblacional hasta los 9.800 habitantes cuando el plan general se culmine. En esta previsión se realiza una reserva de 536 viviendas protegidas, «cifra claramente superior a las necesidades mínimas de 276 viviendas», según las distintas evaluaciones realizadas. Una previsión a muy largo plazo, que a pesar de las cifras no busca crecer sino regular la situación.
Para este incremento poblacional «se diseñarán todos los servicios y dotaciones necesarios», fijándose así hasta 56 hectáreas para sistemas generales (parques y jardines, equipamientos docentes, deportivos) o infraestructuras, como cinco nuevas depuradoras. Además de suelo industrial y terciario, continuando con los polígonos ya existentes, se propone también una nueva red viaria que articule el municipio y derive el grueso del tráfico por el exterior de la localidad.