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Un momento del juicio. / Jesús Barrera
Por unanimidad. Así de contundente ha sido el veredicto dictado por el jurado que esta semana ha juzgado al acusado de matar a su mujer, golpeándola con la tapa de la cisterna. Unos hechos que han calificado como de asesinato, además de considerar que debe ser condenado por un delito de malos tratos habituales. Tras escuchar el veredicto la Fiscalía y el resto de acusaciones han reclamado 23 años de prisión. La familia, además, ha solicitado que se le prohiba la entrada a Alcalá de Guadaíra, donde residen las hijas del matrimonio.
El veredicto, que fue leído al mediodía de este viernes, considera que Mario Calderón Pérez es culpable de haber matado a su esposa «consciente» e «intencionadamente», de forma «alevosa, por sorpresa» y sin que la víctima tuviera «posibilidad de defenderse». Además, ha descartado todas las eximentes y atenuantes reclamada por la defensa.
El jurado considera que, antes de las 2.00 horas del día 3 de junio de 2015, el imputado se levantó y, «con la intención de causar la muerte» a su esposa, «le clavó en tres ocasiones una navaja por la espalda». Luego la persiguió hasta el cuarto de baño, donde le golpeó «reiteradamente» con la tapa de la cisterna. El acusado, dice el jurado, actuó de forma «sorpresiva e inesperada», lo que evitó que la víctima «pudiera defenderse» ante la «violento» del ataque. Igualmente, considera probado que, durante la convivencia, la sometió a continuos malos tratos consistentes en «vejaciones, insultos y amenazas». El jurado también se ha mostrado desfavorable a un posible indulto y a la concesión de ningún beneficio penitenciario.
Una vez conocido el veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de 23 años de cárcel por los delitos de asesinato y malos tratos habituales, en ambos casos con la agravante de parentesco, señalando que se trata de hechos «gravísimos» que «han de ser reprobados con la máxima pena». Una petición a la que se han adherido tanto la acusación particular como la Junta de Andalucía. Además, el abogado de la familia de las víctimas, José María Núñez, ha solicitado que una vez que cumpla la condena se le prohiba no solo la comunicación con las hijas, como pide la fiscal, sino también la prohibición de entrar en Alcalá de Guadaíra, donde ambas residen.
La defensa, por su parte, ha pedido a pena mínima por ambos delitos: 21 meses de cárcel por los malos tratos y 17 años y medio de prisión por el asesinato. Además, ha anunciado que recurrirá la sentencia por no estar de acuerdo con los hechos probados.