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El alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla. / El Correo
“Si tengo que elegir, prefiero mantener la dignidad del país al que representamos a aprobar los presupuestos generales a cualquier precio, porque no todo vale”. Es el mensaje que ha publicado en sus redes sociales el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, que ha llamado la atención, sobre todo porque supone mostrarse en público contra la idea que propone su propio partido desde el Gobierno central.
Un mensaje publicado tras el polémico anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que sostiene que la figura de un relator que coordine las reuniones de la mesa de partidos para Cataluña no es un "mediador internacional" sino alguien que "ayude" en ese diálogo ante la crisis política e institucional en la comunidad.
Calvo ha explicado que la posibilidad de crear la figura de relator, un nombre que le parece "adecuado", surgió en las dos reuniones que han celebrado el Gobierno y el Govern para ordenar los espacios de diálogos dirigidos a lograr una salida política a la crisis de Cataluña, después de ocho meses centrados en la gobernanza de las cuestiones cotidianas.
Las reacciones a su anuncio le han llegado desde la oposición, aunque las más llamativas son las críticas que le han caído al Gobierno central desde su propio partido, caso del alcalde sevillano.
“No somos una democracia de segunda”
Raúl Castilla va más allá en su crítica, y cita que “aceptar la figura del relator (o como quieran llamarlo) me parece grave, sobre todo, porque compra la idea a los independentistas de que somos una democracia de segunda, arrodilla a nuestras instituciones y degrada la noble tarea de hacer política”.
Su comentario en las redes sociales termina diciendo: “Lo lamento, pero no lo comparto”.
Las reacciones han ido cayendo, aunque el Gobierno sostiene que se trata de “un diálogo que, además de articularse en la comisión bilateral prevista en el Estatuto de Autonomía con un desarrollo perfectamente regulado y que será la única en la que esté el Gobierno”, además de entender que se debe producir “en el ámbito de los partidos políticos por estar "menos constreñido institucionalmente”.
Sobre quién debería ser esta persona, el Ejecutivo únicamente piensa que debe ser catalana y entender el pasado y el presente de la situación de Cataluña, dada su “complejidad”, mientras Calvo puntualiza, en cualquier caso, que para el Gobierno la creación de esta figura “no es una noticia” y que la polémica en torno a ella le parece "un poco curiosa", aunque ha considerado normal que en situaciones tan complejas todo se pueda "galvanizar".