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Fachada del Ayuntamiento de La Luisiana. / Sergio Caro
La Luisiana es otro de los municipios de la provincia de Sevilla que ha dejado su deuda a cero y que incluso ha cerrado el año 2017 con superávit, aunque este está aún por cuantificar, según informa su alcalde, el socialista Emilio José Gordillo Franco.
Esta localidad, que cuenta con poco más de 4.600 habitantes, acumulaba una deuda cinco millones de euros, cuatro con los bancos y uno por otros conceptos en 2009. Esta situación económica provocaba numerosos problemas en el día a día de la gestión municipal. Entre los más importantes se encontraban las dificultades para el abono en tiempo y forma de las nóminas a los empleados locales y los numerosos atrasos para pagar a los proveedores.
Esta situación, según recuerda el regidor, le obligó a adoptar medidas bastantes drásticas como suspender durante varios años las luces de Navidad tanto en La Luisiana como en su pedanía de El Campillo. Asimismo, se eliminaron los coches de renting que tenía el Ayuntamiento para los operarios y para la corporación municipal, cuyo coste anual era de 26.200 euros. Otra partida que se tocó fue la asistencia a plenos y juntas de gobierno, que pasaron de 14.953 euros al año a 1.959 y la asignación a los grupos municipales que se redujo de 25.800 euros a 10.120.
Además, Gordillo Franco indica que en este tiempo se han jubilado varios trabajadores cuyos puestos no se han amortizado y sus tareas han sido asumidas por el resto de empleados municipales: «En La Luisiana de la plantilla fija del Ayuntamiento no se ha despedido a nadie y los atrasos en el pago de las nóminas no han sido muy elevados. Si en la época buena se abonaban los salarios a finales de mes, en los años de crisis se pagaban sobre el 8 o el 10, pero nunca se dejaron de abonar».
El alcalde de La Luisiana señala también que los retrasos en el pago a los proveedores eran muy elevados, «pero ahora, según la web del Ministerio de Hacienda, se les abona en 14,4 días».
Gordillo Franco agradece a sus vecinos que entendiesen las medidas de contención del gasto que se tuvieron que adoptar, por lo que manifiesta que al haber superávit se tienen que poner en marcha acciones que beneficien a los ciudadanos. Se pondrá en contacto con la Gerencia Territorial del Catastro para que realicen una nueva ponencia de valores catastrales, «ya que están muy elevados, para que puedan bajar los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)».