Unos 3.000 ciudadanos de las ocho provincias andaluzas se beneficiarán de forma inmediata de la modificación del régimen de propiedad horizontal, que obliga ahora a que haya ascensores en edificios “donde vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años”.
Se trata de una modificación que ya se aplica en Sevilla capital y su provincia, y que, inicialmente, afectará a las 3.000 personas citadas, mediante los proyectos de puesta en marcha de 135 nuevos ascensores en edificios que en su día fueron diseñados sin este servicio.
Los datos los señala el gerente de la empresa Praysa, Francisco Vázquez, que detalla que la compañía tiene actualmente 32 ascensores en ejecución repartidos entre Sevilla, Cádiz y Córdoba, mientras que 103 comunidades de vecinos de toda Andalucía ya han contratado sus servicios para la construcción de un ascensor, que comenzará próximamente, dando así solución a distintos problemas de movilidad provocados por el envejecimiento (y algunas dolencias) de los vecinos.
“Es una necesidad perentoria”
Así, “se cubre así una necesidad perentoria en nuestra comunidad autónoma, donde existen todavía miles de bloques de pisos antiguos sin elevador, una cruda realidad que tiene detrás muchas vidas de sacrificio y de pelea diaria con una primera batalla que muchos tienen perdida de antemano: bajar a la calle por las escaleras”, ha explicado Vázquez.
Las medidas de reforma del régimen de propiedad horizontal ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y abren una puerta a la inclusión social y a la igualdad, ya que la concesión de las ayudas de la Junta de Andalucía será obligatoria, “con el objeto de asegurarles a las personas que lo necesiten un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior”.
Para Francisco Vázquez, es importante señalar la labor social que conllevan estas actuaciones, que se han desarrollado primero en Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba y, desde el año pasado en Málaga, Granada, Almería y Jaén.
Casos muy concretos
Francisco Vázquez ha puesto sobre la mesa casos como el de Esperanza, una mujer sevillana con obesidad mórbida que, gracias al ascensor de Praysa, pudo salir a la calle tras 13 años encerrada en su propio piso-prisión, o el del matrimonio jerezano formado por Manolo Hurtado, de 74 años de edad, con serios problemas respiratorios y diagnosticado con leucemia sin llegar a realizarle el trasplante de médula por la dificultad respiratoria, y María Baños, de 72 años, con artrosis en las dos rodillas que le imposibilitaban subir y bajar escaleras por sus continuas infiltraciones.
Recuerda además la situación de María Jesús Torres, de 57 años, que llevaba atrapada en su piso de La Granja (Jerez) desde hacía cinco años debido a un accidente de tráfico que le dejó dañada la espalda. Todos ellos gozan hoy de la calidad de vida que les da el ascensor.
Con todo, señala que ha sido clave “la gestión 'llave en mano' de Praysa, que hace que los vecinos puedan conseguirlo sin preocuparse por las trabas administrativas, técnicas y económicas, que en la mayoría de los casos se convierten en muros infranqueables”.
Así, pone de relieve la clave del servicio de su empresa: “Miro atrás sólo para recordar con satisfacción lo logrado. El presente es nuestro reto y, sobre todo, el futuro inmediato de esas familias que viven en zonas de difícil transformación y que necesitan de asesoramiento y de ayuda experta, porque llevan muchísimos años soportando todas las dificultades que conlleva vivir en un segundo, un tercero, un cuatro y hasta un quinto sin ascensor. Es un desgaste tremendo, pero como problema real, tiene una solución real, que es la que puede darle Praysa”.
Sostenible y de bajo consumo
Además, el ascensor ya montado es un modelo de desarrollo sostenible y eficiencia energética, ya que sólo consume 500 watios, lo que supone un ahorro de 1.000 euros anuales en la factura de la luz, un dato capital de cara al Horizonte 2030 que marca la transición energética hacia un modelo de ciudad cien por cien sostenible.
La única condición que contempla la nueva norma para su instalación es que el importe repercutido anualmente de las ayudas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”.
Y termina: “No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 % de las mismas”.