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Bomberos de la Diputación de Sevilla, actuando en un simulacro de rescate. / J.M. Paisano
El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) lo tiene claro: su principal lucha en la provincia de Sevilla es acabar del todo con la figura del «falso voluntario», que provoca más de un quebradero de cabeza en los parques que cuentan con alguno en sus plantillas.
Así de tajante se muestra el secretario general del SAB en la provincia, Juan Manuel Martín Silva, quien explica que el voluntario «no está cualificado para ejercer de bombero además de estar incurriendo en una ilegalidad». La razón que esgrime es que, al opositar y obtener la categoría de funcionario –algo que exige la Ley de Emergencias de Andalucía–, se obtiene automáticamente la categoría de agente de la autoridad.
Esto les permite «entrar a una vivienda en llamas y sacar por la fuerza a alguien», entre otros, por lo que alguien que no ostente la mencionada categoría no está autorizado para ese tipo de acciones a las que se tienen que enfrentar constantemente los bomberos. Por lo tanto, para los bomberos funcionarios «es como contar con menos efectivos». De hecho, en el parque de La Rinconada, cuya plantilla se compone de 13 voluntarios y de 10 funcionarios de la Diputación, se ha llegado a tal extremo que los efectivos han llegado «tarde a un incendio por culpa de un voluntario que no quería bajarse del camión».
Y es que los bomberos funcionarios no quieren asumir la responsabilidad de los «errores» que pueda cometer un voluntario, y cuando es un superior de la Diputación de Sevilla el que da la orden de que monten al voluntario, «lo hace de manera verbal, nunca por escrito, para que no quede constancia», lamenta el secretario general del SAB en la provincia de Sevilla. Estas situaciones se han denunciado no solo ante la Inspección de Trabajo, sino también ante la Justicia.
Además, según Martín Silva, «desvirtúan y prostituyen» el concepto de voluntario, pues se dan agravios comparativos entre compañeros en lo referente a sueldos, «cuando se supone que un voluntario no debe cobrar». Este periódico tuvo acceso a una nómina de un voluntario de La Rinconada, en la que aparecían 2.401 euros como sueldo neto a recibir. Mientras tanto, un bombero interino del Ayuntamiento de Arahal, donde recientemente se ha regulado la situación de los voluntarios mediante concurso-oposición, cobra menos de la mitad, con nóminas que apenas alcanzan los 1.000 euros.
Uno de estos afectados, que prefiere mantener el anonimato, se queja de lo que considera una «injusticia, en la que opositores sacan legalmente una plaza para terminar con peores condiciones laborales que alguien que comete usurpación de función pública, sin selección previa y que encima contraviene la Ley de Emergencias de Andalucía, la Ley de Protección Civil estatal, y la Ley del Voluntariado».
Eso sin contar con que, si se produce una emergencia, el mínimo de bomberos que se establece en los protocolos de salida está en tres profesionales, pero en la mayoría de los parques «únicamente hay dos. Se darán cuenta el día que haya que lamentar algún fallecido».
El «grandísimo déficit de profesionales» que sufre la provincia no es, ni de lejos, la única reivindicación laboral de este sindicato. Martín Silva asegura que la institución provincial «despilfarra en materiales» porque no cuenta con la opinión de los profesionales. «Compran materiales que no sirven para nada, que se quedan obsoletos y que incluso llegan a caducar», denuncia, y pone de ejemplo unos equipos de respiración autónoma para túneles que, al carecer del mantenimiento que requieren, «serán inutilizables» en el caso de que, por ejemplo, salga ardiendo un túnel del Metro de Sevilla.
Con respecto al futuro Consorcio Provincial de Bomberos que pretende crear la Diputación, por cierto, el SAB cree que será «un chiringuito en el que los cargos de jefatura los están repartiendo sin contar con nosotros».