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Foto aérea del parque de viviendas de San Juan, con el monumento de los Sagrados Corazones en primer plano. / Javier Cuesta
San Juan de Aznalfarache se ha puesto las pilas en defensa de la vivienda. Así consta en el informe elaborado, previa petición del Ayuntamiento, por la Universidad Pablo de Olavide, donde se aporta una radiografía de las demandas de la población sanjuanera, a la par que se expone el trabajo realizado por los servicios municipales. Sobre este último punto, este trabajo estima que las ayudas en vivienda del Consistorio se han multiplicado por cinco en dos años.
El estudio señala que entre 2013 y 2015 se ha pasado de invertir 18.795 a 107.357 euros. Entremedio, en 2014 se calcula que se destinaron 66.079 euros en concepto de ayudas a la vivienda en el área de Bienestar Social. Esa mejora en las cuantías también se ha visto reflejado en el número de familias beneficiarias. En concreto, las ayudas concedidas han pasado de 53 en 2013 a un total de 185 en el año 2015, recibiendo cada familia una cuantía media de 354,52 euros en el primer año. Montante que se ha elevado a 580,31 euros en el segundo ejercicio.
Estas ayudas llegan a un 10 por ciento del total de familias que han atendidos los servicios sociales de San Juan de Aznalfarache en los tres años con datos fidedignos. Esa ratio tiene su explicación, según el informe, en la «existencia de diversos filtros»: los «resultados positivos» de la intermediación que realiza la Delegación de Vivienda que evitan la necesidad de ayudas o que haya hogares que no cumplen los requisitos necesarios o deciden no acudir a los servicios sociales. Además, el estudio recuerda que estas familias pueden recurrir a otras administraciones, como la Junta de Andalucía con su Programa de Defensa de la Vivienda.
Pioneros desde 2011
El informe universitario aclara que el gobierno sanjuanero lleva promoviendo «de manera pionera» desde 2011 medidas de prevención e intermediación con las entidades bancarias en los desahucios. Así, repasa desde el fomento de los alquileres solidarios hasta los protocolos de actuación para proteger a familias en grave riesgo de exclusión social, pasando por la negativa de la Policía Local para intervenir en desahucios o los acuerdos con cinco entidades financieras para frenar este tipo de actuaciones. A todo ello suma la creación, en 2013, de una Oficina Municipal de Protección al Derecho a la Vivienda, ideada para estudiar caso a caso, estableciendo «una experiencia piloto en la que la entidad bancaria, la familia y el Ayuntamiento, como mediador, acuerdan un programa de ayudas consensuado.
El trabajo realizado por esta oficina ha permitido a los responsables de este estudio a detectar cuáles son las principales prioridades en materia de vivienda de los sanjuaneros. De esta manera, desde su puesta en marcha en 2013 hasta 2017 han recibido un total de 673 consultas. De ellas, cerca de la mitad (el 49,6 por ciento) se relacionan con la existencia de cláusulas abusivas –entre ellas las denominadas cláusulas suelo–. Tras este denominados común surgen otros asuntos atendidos en esta oficina como la reestructuración de la deuda, que se produce en el 12,5 por ciento, que es idéntico porcentaje de casos que acuden a estas dependencias por dación en pago. El 9,2 por ciento es por el impago de las hipotecas y, en un 8,6 por ciento en cuestiones relacionadas con desahucios o petición de un alquiler social. El resto de casos, con porcentajes mínimos, van desde la ocupación de viviendas a la reclamación de duda pendientes, asuntos con la comunidad de propietarios o incluso consultas sobre contratos de compraventa o de situaciones de herencia de pisos.
De estas consultas se han extraído las prioridades de actuación, que se han resumido en un total de 15 medidas diferentes, que pasan desde la atención al usuario a la negociación con el propietario de la vivienda –ya sea la banca o un particular–; la atención y tramitación de ayudas, la puesta en marcha de medidas para obtener el alquiler social u otros incentivos necesarios como la alimentación, la luz y el agua, que están asociadas a la problemática de vivienda. El asesoramiento jurídico, la reparación de bloques o el mantenimiento del espacio y el mobiliario urbano son otras de las medidas catalogadas como necesarias para atender las problemáticas habitacionales del municipio.