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Unanimidad en la Diputación para que se suprima el peaje de la AP-4

Todos los grupos apoyaron este jueves una moción del PSOE para exigir al Gobierno central que elimine de inmediato y de forma definitiva este canon

26 oct 2017 / 19:00 h - Actualizado: 27 oct 2017 / 09:58 h.
"Diputación de Sevilla","Carreteras"
  • El presidente de la Diputación, junto a los portavoces de la Corporación y los alcaldes de Sierra Morena. / El Correo
    El presidente de la Diputación, junto a los portavoces de la Corporación y los alcaldes de Sierra Morena. / El Correo

Unanimidad en la Diputación de Sevilla para reclamar al Gobierno central del popular Mariano Rajoy la «supresión inmediata y definitiva» del peaje de la autovía AP-4, que conecta Sevilla con Cádiz. El pleno de la Corporación provincial aprobó ayer la moción del PSOE, defendida por el diputado y alcalde de Lebrija, José Barroso, quien recordó la decisión adoptada por Madrid de asumir íntegramente los costes asociados a la supresión del peaje correspondiente a dos tramos de la autovía AP-9, ubicada en Galicia. Este peaje, según indicó, fue anulado en 2006, mediante un acuerdo entre el Gobierno gallego y el central, para costear a partes iguales la medida, pero ahora el Estado, dijo, ha decidido asumir plenamente el coste derivado del levantamiento de dicho peaje.

En este sentido, Barroso señaló que la autovía de peaje AP-4 lleva ya «49 años» de explotación y está ya «sobradamente amortizada», toda vez que la concesión administrativa relativa a la gestión de esta carretera está actualmente en manos de Abertis y ha sido prorrogada en varias ocasiones a lo largo de las décadas. La última prórroga expira justo en el momento en el que comience el año 2020, puesto que el Gobierno central del PP se ha comprometido a no aceptar una nueva prórroga.

Barroso, por ello, destacó los múltiples pronunciamientos de las instituciones sevillanas y gaditanas y de los ayuntamientos de la comarca del Bajo Guadalquivir, en demanda de la supresión de este peaje, reclamando al Gobierno central del PP «equidad entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas».

Y es que el levantamiento del peaje de la AP-4 constituye una reivindicación histórica de la comarca del Bajo Guadalquivir, especialmente por la saturación y siniestralidad de la carretera nacional N-IV, que también conecta Sevilla con Cádiz.

Actualmente, el Ministerio de Fomento promueve la duplicación del tramo de 8,3 kilómetros de la N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, pero las instituciones y agentes sociales del Bajo Guadalquivir demandan que el desdoble se amplíe al tramo que separa Los Palacios de Jerez de la Frontera. De cualquier modo, la moción del PSOE critica el «agravio y desprecio» del Gobierno central del PP hacia Andalucía al haber asumido por completo los costes asociados al levantamiento del peaje de la AP-9, pero no actuar del mismo modo en el caso de la AP-4.

SIERRA MORENA

El pleno de la Diputación de Sevilla formalizó ayer una declaración institucional, rubricada por todos los grupos políticos, en respaldo a la iniciativa de recuperar la denominación de Sierra Morena de Sevilla para la comarca de la provincia actualmente conocida como Sierra Norte.

FONDOS EUROPEOS

La Corporación provincial también aprobó por unanimidad concurrir a la tercera convocatoria de subvenciones para estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), apostando por las siete propuestas territoriales promovidas sin éxito en la segunda convocatoria, tras la adecuación de las mismas.

SPORT ALJARAFE

A instancias de Ciudadanos, la Diputación iniciará «contactos» con el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Tomares, para que el conjunto de administraciones logren «soluciones» al caso de la urbanización Sport Aljarafe, ubicada sobre una ladera de dicho municipio y donde 11 viviendas han sido desalojadas por los deslizamientos de tierra de dicho escarpe.

AYUDA A DOMICILIO

La sesión plenaria de la Corporación provincial tumbó ayer una moción del PP que apostaba por pedir a la Junta de Andalucía que dejase «sin efecto» la nueva orden autonómica que regula las transferencias a los ayuntamientos para los costes del servicio de ayuda a domicilio, para que los mismos no se vean obligados a «adelantar» los fondos. Todos los grupos, excepto el PSOE, apoyaron la iniciativa de los populares.