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Raúl Solís sostiene la denuncia interpuesta contra él en la cobertura del autobús de Hazte Oír. / Jesús Barrera
El periodista autónomo –freelance– Raúl Solís, de 35 años, puede ser el primer profesional de la información sancionado en Sevilla en aplicación de la Ley Mordaza si los recursos que ha presentado contra su expediente se estrellan.
El periodista, que trabaja para varios medios de comunicación digitales como Eldiario y Huffington Post, cubrió la llegada del autobús de la organización Hazte Oír a Sevilla y su encrespado recibimiento por organizaciones Lgtbi (de defensa al derecho de la libre expresión sexual). Grabó vídeos en la rotonda de Tomares, en la plaza Nueva y en el palacio de San Telmo de Sevilla, donde se produjeron incidentes, el más grave la rotura de una luna del vehículo.
En un momento grabó –las imágenes se emiten en Alemania– la detención «de un niño, un adolescente menor de edad». Al ver que pasan los minutos y no sale del furgón, se acerca a indagar. La respuesta de los policías nacionales fue, expresa Solís, «Que qué me importaba». «Me importaba mucho», les dije. «Es mi trabajo». A continuación fue requerido para ser identificado. Solís presentó sus carnés de identidad y de miembro de la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y pidió, «por favor», ser tratado «como corresponde en un Estado de Derecho y no en uno policial».
Dos meses después, prosigue, «me llegó una comunicación de la Subdelegación del Gobierno y sabía que no era una invitación a un acto oficial». Era el expediente, que obra en poder de este periódico, que propone una sanción de 150 euros, se acusa al periodista de «saltarse el cordón policial» y «poner en peligro la integridad de los agentes», además de dirigirse a ellos de forma «despectiva –cuestionando y menospreciando su actuación–» y de grabarlos con su cámara. En ningún momento del expediente se indica que Solís está ejerciendo su trabajo de periodista.
«Desde luego que presenté alegaciones», se defiende Solís. «No les falté el respeto, sino que me dirigí a ellos firme y serio, pero en una sanción administrativa ellos no tienen que demostrar su versión. Se les da credibilidad solo por ser agentes», añade. «Si no se tienen en cuenta mis alegaciones, iré al contencioso administrativo en el TSJA», expresa. «Y de ahí al [Tribunal] Constitucional». ¿Por qué dar tantos pasos y mucho más costosos que la multa –incluso inferior a muchas de tráfico–?
«Los derechos a la información y la libertad de prensa son derechos fundamentales, no solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos. Si el Constitucional considera que estas sanciones se salen de la Constitución sentará jurisprudencia».
Pero el hoy convencido quijote por la libertad de expresión pasó momentos de «nervios» y de sentirse «fatal» al sentir la maquinaria del Estado sobre él. Solo la reflexión y el apoyo de entidades como la Asociación de la Prensa de Sevilla y el Colegio de Periodistas lo animaron. «Pero es una batalla muy cansada para quien tiene un trabajo en precario, que tiene que pagar el alquiler trabajando en dos medios y además llevando la comunicación de algunas ONG: freelance es una palabra con mucho glamour para un trabajo que no lo tiene».
Su historia, de hecho, ha saltado antes a las televisiones de Alemania que a los medios tradicionales de su propia ciudad. «[La canciller alemana Angela] Merkel tiene claras las garantías mínimas de un sistema democrático, y veo que el PP [partido impulsor de la Ley Mordaza] no lo tiene claro». Las imágenes que grabó, continúa, se pueden emitir en Alemania. «En España me pueden suponer una sanción de 30.000 euros... ¿Cómo se acredita entonces un episodio de tortura policial».
La multa no se ‘quita’
La Subdelegación del Gobierno no comenta los pormenores del caso. «El afectado tiene abiertas las garantías para recurrir la sanción», expresa un portavoz de la institución. «Tampoco se puede quitar la multa. Eso sería prevaricar», zanja.
La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), que se reunió con el subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, expuso que esta norma crea problemas de muy difícil solución para los periodistas, sobre todo los freelances: No es obligatorio afiliarse a ninguna asociación profesional y quienes ejercen por su cuenta no pueden utilizar la acreditación de un medio de comunicación.
«Gil-Toresano nos escuchó y expuso que facilitará el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación», expuso el presidente de la APS, Rafael Rodríguez.