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Los juzgados de Primera Instancia resuelven estas demandas. / El Correo
«Desde de que se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo cada día recibimos 500 llamadas solicitando información», explica Marta Serra, una de las responsables del despacho Sala & Serra, que gestiona el Defensor de tu Vivienda. Y de hecho esperan que incluso se produzcan más por el tema de las reclamaciones por los gastos de hipotecas, «pues es una cláusula que prácticamente todas las hipotecas tienen», apostilla su compañera de despacho Laura Fernández.
Su relato coincide con el del abogado Carlos David Delgado, quien asegura que todos los días tienen varios clientes que acuden a su despacho en Málaga «con la escritura para que revisemos si tienen cláusulas suelo o alguna condición abusiva en su contrato». «Ahora mismo es el tema que más nos está llegando», destaca.
De hecho, es fácil encontrar en internet despachos que ofertan el análisis del caso gratis e incluso disponen de simuladores en su web que hacen una estimación de la cuantía que se puede recuperar según el caso.
Pero al igual que ocurre en los despachos de abogados, también en los juzgados vienen notando el aumento de asuntos por reclamaciones contra las cláusulas suelo. Desde el 1 de octubre de 2015, los juzgados que tienen la competencia para resolver estos asuntos son los juzgados de Primera Instancia. Hasta entonces eran los juzgados de lo Mercantil los encargados de resolver estos casos. Estos órganos vieron en poco tiempo como las presentaciones de demandas contra las condiciones generales de la contratación se disparaban. Solo hay que mirar las cifras de años como 2013, en las que estos juzgados recibían alrededor del centenar de asuntos de este tipo, que en solo dos años se multiplicaron por 20. Según los datos ofrecidos por el Juzgado Decano de Sevilla, el año 2015 cerró con 2.760 demandas presentadas.
El cambio a los juzgados de Primera Instancia ha hecho que la resolución de los asuntos se agilice, porque hay más órganos de este tipo que de lo Mercantil. Aún así, «hablar de plazos es muy complicado, porque depende cada juzgado», señala Fernández.