Finalizadas las intervenciones iniciales, el moderador, Rubén Montaño, periodista de Europa Press, lanzó una pregunta: ¿Es posible desideologizar la educación? De acuerdo a lo que los participantes acababan de decir, no es sencillo responder de manera afirmativa. De manera que la mesa redonda que ha organizado la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) acabó por ser casi una muestra a pequeña escala de las dificultades que llevan décadas impidiendo que se cierre un pacto educativo.
En otras palabras lo expresó el Diputado de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, y ex docente en la enseñanza concertada, José Antonio Funes. «Cuando hay elecciones presuntamente a la vista, es complicado llegar a un pacto educativo», resumió. «Queda muy bien decir que queremos un pacto, pero me pregunto si a los políticos les interesa el pacto, o les interesa que haya un elemento de confrontación permanente», cuestionó, y se respondió con otra pregunta: si se alcanza ese acuerdo educativo, «¿sobre qué nos vamos a pelear?».
Más optimista se declaró Alfonso Aguiló, presidente de CECE Nacional. «Encuentro un ambiente muy favorable en unas circunstancias de fragmentación política que nunca se habían producido», explicó, y apuntó su opinión de que, «si se les deja a los que saben de educación, habrá pacto. Pero hay otros intereses, hay intereses partidistas por encima del interés general». Aguiló insistió en la idea de que es necesario «apartar» los intereses ideológicos para llegar a ese consenso del que todos hablan y en el que, de acuerdo con sus palabras, es necesario que estén los grandes partidos. Sobre las peculiaridades de la educación en España, Aguiló destacó que «el sesgo ideológico que hay en España no lo he visto en ningún sitio». Una afirmación que tiene la ventaja de situar, de verdad, la cuestión.
Aguiló apuntó también que, si los partidos y los sindicatos son organizaciones privadas que gestionan el espacio público, «¿por qué les parece tan mal que la enseñanza privada reciba dinero público? Lo que no es plural es que todo sea público. Que todo sea público se dice en Corea del Norte y en poquísimos sitios más. Si la educación es toda pública, ¿dónde está la pluralidad».
La administración autonómica estuvo representada por el secretario general de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Manuel Alcaide. Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la comunidad, empezó por recordar que «no depende exclusivamente de los actores de la educación en Andalucía. Nos encontramos en el marco de un estado, y lo que se haga en ese nivel tiene influencia en cada comunidad autónoma».
Alcaide demandó además «un sistema de financiación autonómica que considere las necesidades de nuestro territorio», recuperar los programas de cooperación interterritorial y un pacto a nivel estatal. Concedió especial importancia a la creación de itinerarios flexibles, pero posibles.
Por parte del PSOE andaluz intervino la parlamentaria Adela Segura, que también se apuntó a ver el vaso del pacto educativo «medio lleno». Lamentó, eso sí, la oportunidad perdida de 2009, cuando Ángel Gabilondo ejercía de ministro, y opinó que «si no se dan pasos hacia el centro no nos podemos entender».
Segura destacó que «no podemos hablar de excelencia educativa si no hablamos de igualdad de oportunidades», y ahí estuvo el motivo, aseguró, de que la LOMCE no contara con el apoyo de «los socialistas».
Marifrán Carazo, parlamentaria andaluza del PP, destacó que su partido propuso el acuerdo a nivel autonómico en 2015. «El PP, en la primera comisión de educación de esta legislatura, escogió llevar el pacto educativo y preguntó por la hoja de ruta del Gobierno andaluz. Estamos viendo cómo se han desaprovechado dos años».
Por el camino todos insistieron en la necesidad del acuerdo, pero fueron desgranando los puntos en los que se encalla de manera habitual la negociación: la financiación, la definición de los conciertos, el papel de la religión, el currículum, la educación infantil, la enseñanza de los idiomas.