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Antonio Muñoz compareció junto a Adolfo Fernández, director general de Parques y Jardines. / El Correo
El nuevo modelo de gestión del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, presentado este lunes por el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz, y que deberá entrar en vigor el 1 de abril de 2017, apuesta de forma decidida por el empleo y las cláusulas sociales y ambientales como criterios determinantes en la adjudicación de los diez lotes en que se divide un contrato que tiene un importe global de 59,8 millones de euros.
Dispuesto a subrayar cada elemento diferencial de este modelo que calificó como «rupturista» con respecto al impuesto por el gobierno de Zoido, vigente aún y que se prorrogará al primer trimestre del año venidero, Muñoz recalcó que el presupuesto aumentará en torno al 20 por ciento, casi 15 millones al año frente a los 12 del actual contrato. El reparto anual del dinero en los diez lotes será el siguiente: 3.684.000 euros para el lote 1 (conservación del arbolado y la jardinería asociados al viario en el sector Norte); 2.914.000 para el 2 (ídem en el sector Sur); 1.100.000 para el 3 (jardines asociados al cauce histórico del río Guadalquivir); 697.000 para el 4 (parque Miraflores); 502.000 para el 5 (parque del Tamarguillo y zona de pinar anexa); 380.000 para el 6 (parques Infanta Elena y Central de Sevilla Este); 630.000 para el 7 (parques asociados al cauce del río Guadaíra); 418.000 para el 8 (los asociados al cauce nuevo del río Guadalquivir); 2.390.000 para el 9 (parques urbanos y jardines de barrio del sector Norte); y 2.241.000 para el 10 (ídem del sector Sur).
Lo económico, empero, no primará en la adjudicación de estos lotes, «divididos no exclusivamente por motivos geográficos y administrativos sino también en función de criterios técnicos y cuestiones paisajísticas o funcionales», de tal forma que de los 100 puntos a que podrá aspirar una empresa sólo 30 tendrán que ver con el precio del contrato. En cambio, los criterios sociales y ambientales supondrán 60 puntos y los otros 10 responderán a aspectos organizativos. Así, el nuevo modelo obligará a las empresas a subrogar a los 221 trabajadores actuales y se contratarán al menos 117 personas para un total de 338 trabajadores.
«Una revolución»
Las cláusulas sociales, «una revolución en el proceso de contratación de este Ayuntamiento», dijo Muñoz, impondrán que el diez por ciento de esos 117 nuevos empleos se destinen a colectivos de difícil inserción laboral (parados de larga duración, jóvenes, víctimas de violencia de género...) y otro 40 por ciento priorizará la incorporación de mujeres. Por lo demás, las empresas deberán tener programas de formación internos y respetar los convenios colectivos para no favorecer la temporalidad.
En cuanto a los criterios ambientales, se impondrá la eliminación del glifosato como elemento en el control de las hierbas silvestres, se valorarán las propuestas de reciclaje de los restos vegetales y las naranjas amargas que se recojan, así como el consumo responsable del agua o el uso del vehículo eléctrico.
Mientras el Jardín Americano queda excluido de estos lotes para ser gestionado de forma directa por el servicio de Parques y Jardines, se incorporan al contrato los huertos urbanos, así como los 4.600 árboles y 170 palmeras ubicadas en colegios y edificios municipales, o un nuevo espacio como el parque de Torreblanca, «que estaba en el limbo pese a tener 72 hectáreas»; se mejorará también la atención en zonas de juegos infantiles y de esparcimiento canino; la reparación y cuidado de parterres; y se plantarán los 6.000 alcorques vacíos existentes.