El 82 por ciento de los 5.447 usuarios que han participado en una encuesta elaborada por Facua Andalucía en las ocho provincias de la comunidad considera que la calidad asistencial de la sanidad pública ha empeorado en los dos últimos años, según los datos presentados este miércoles por Rubén Sánchez, portavoz de la federación de usuarios, en la sede de Facua Sevilla.
Esta cifra genérica es sólo una muestra de la percepción negativa de la ciudadanía que refleja la Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía, realizada en las dos últimas semanas del pasado enero con el concurso de 5.447 personas, de las que 3.349 son hombres y 2.098 mujeres. En cuanto al rango de edad, la mayor parte de ellos (4.125) tiene entre 31 y 60 años; 273 entre 18 y 30 años y 1.049 más de 60 años.
Los datos se han cotejado con los de otro informe similar realizado en 2015 y en prácticamente todas las preguntas ha habido un retroceso. Así, en esa encuesta previa era el 76 por ciento el porcentaje de usuarios que entendía que la sanidad iba a peor. Entonces, un siete por ciento opinaba que había mejorado y en la nueva encuesta se reduce al tres.
Pero el dato quizás más llamativo es el que alude a la situación de las urgencias. Casi el 90 por ciento critica que este servicio está saturado en sus hospitales de referencia, mientras que sólo un cinco por ciento valora que funciona con normalidad.
En cuanto a las urgencias de los centros de salud, el panorama no es tan negativo: el 64 por ciento de los andaluces cree que están saturadas –en 2015 ese porcentaje era nueve puntos menor, del 55%– y el 23 por ciento que funcionan con normalidad.
Los plazos para obtener cita con el especialista también son objeto de un amplio descontento. Así, el 79 por ciento de los encuestados considera que el tiempo de espera es excesivamente alto, el nueve por ciento lo entiende razonable y sólo el 12 por ciento considera que ese plazo es reducido.
La situación mejora bastante cuando se pregunta sobre el tiempo de espera para ver al médico de cabecera. El 35 por ciento considera muy largo el plazo –en 2015 sólo era el 22%–, el 22 por ciento lo ve razonable y el 43 por ciento lo valora reducido.
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Los plazos para la realización de pruebas diagnósticas tales como radiografías o analíticas son excesivos en opinión del 66 por ciento de los usuarios. Un dato que empeora hasta en 14 puntos la respuesta de los usuarios en 2015 (52%). El 17 por ciento considera que esos plazos son razonables y el 16 por ciento los ve reducidos.
Para las intervenciones quirúrgicas, las cifras son aún peores: el 71 por ciento de los encuestados cree que el plazo de espera es excesivo –en 2015 el 62%–, el siete por ciento razonable y el diez por ciento reducido.
Uno de cada tres encuestados (en concreto, el 39%) reconoce que habitualmente tiene que esperar más de 30 minutos con respecto a la hora de su cita para ser atendido por su médico de cabecera. Y el 45 por ciento indica que suele esperar entre 15 y 30 minutos. Sólo el 15 por ciento dice esperar menos de un cuarto de hora en su ambulatorio o centro de salud.
Más de dos terceras partes (el 68%) asegura que ha notado alguna limitación por parte de su médico de cabecera a la hora de prescribirles medicamentos y lo mismo (el 69%) a la hora de que el médico de Atención Primaria le derive al especialista.
POCAS RECLAMACIONES
Estos datos contrastan con el que señala que sólo el 27 por ciento de los encuestados ha presentado alguna reclamación por escrito para hacer constar estas demoras. Rubén Sánchez lo justifica en que «protestamos mucho pero no nos quejamos; es uno de los grandes males», dijo. Para el representante de Facua, «quejarse es útil, sólo hay que ver lo que ha ocurrido en Granada después de que miles y miles de ciudadanos hayan salido a las calles a protestar», por lo que «tenemos que acostumbrarnos a presentar quejar por escrito y a movilizarnos en las calles».
EL CONSEJO ANDALUZ DE SALUD
Facua Andalucía aprovechó la cita para criticar la eliminación de los órganos de participación ciudadana en la toma de decisiones, la cada vez menor transparencia del Sistema Andaluz de Salud ante los agentes sociales y la cerrazón a la participación de los representantes de los usuarios en suma. Rubén Sánchez recordó que, años atrás, al menos «existía un órgano de concertación», en alusión al Consejo Andaluz de Salud, que en su opinión debería restaurarse. La Junta «debería plantearse volver a poner en marcha estructuras donde negociar de forma perenne con los representantes de la sociedad civil».
Rubén Sánchez confirmó que la manifestación convocada el 28 de febrero seguirá adelante y «no se desinflará» por mucho que algún partido político trate de «arrogarse el protagonismo». «Claro que saldremos a la calle», afirmó convencido el representante de Facua, que entiende que la movilización ha sido impulsada por las asociaciones que representan a la sociedad civil sevillana, entre las que se encuentra la federación de usuarios, que aglutina «entre 30 y 40 mil personas», junto a los sindicatos CC.OO. y UGT.
«Además, están participando otras muchas entidades menores y eso es clave», según Sánchez, que entiende que el movimiento pueda estar «politizado» pero en ningún caso «mediatizado». Lo explicó así: «Si vamos a reivindicar que se cambien las políticas sanitarias, cómo no va a estar politizada la manifestación. Otra cosa es que vaya a estar mediatizada por partidos políticos y desde luego no nos condicionan», si bien «no vamos a vetar ni prohibir a ninguno, empezando por el PP, que es el principal partido de la oposición». Facua y el resto de entidades convocantes de la movilización «iremos con un ideario consensuado con una serie de reivindicaciones» y «no vamos a boicotear a nadie que quiera reivindicar los derechos de la ciudadanía, pero tampoco vamos a seguirle el juego a quienes quieran ser protagonistas o arrogarse en portavoces de la sociedad civil».
Rubén Sánchez añadió que «la Junta no está moviendo ni un dedo. Es verdad que ha habido dimisiones», pero el Gobierno tiene que «entender que tiene que sentarse de tú a tú» con los agentes sociales.