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Manifestación en contra de la violencia de género de 2003. / Antonio Acedo
Era una herramienta esperada y es la esperanza para poder caminar hacia una serie de reformas legislativas y sociales para atajar la violencia machista. «Es una cuestión en la que tiene que estar implicada toda la sociedad, todas las instituciones y administraciones públicas, porque es un asunto que afecta a muchos ámbitos», precisa la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona.
Ella es una de las muchas profesionales de este ámbito que, en representación del Consejo General del Poder Judicial, participaron en las ponencias de este pacto. «Desde el Observatorio propusimos numerosas medidas, muchas de las cuales se han recogido», señala. Sin embargo, como experta en este terreno –es además secretaria judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla– no lanza las campanas al vuelo, pues sabe que esto «no es más que un punto de partida» y ahora queda lo más difícil «que el Gobierno negocie como hacerlo realidad». Ahora el siguiente paso será que el Congreso, a finales de este mes, lo apruebe y a partir de ahí habrá que comenzar a trabajar en las reformas legislativas que sean necesarias para poder ejecutarlo. «De hecho habrá una comisión de seguimiento para vigilar y evaluar su aplicación», añade. Una de las medidas más aplaudidas y de las que más se ha hablado en las últimas semanas es la privación de la patria potestad a los condenados por malos tratos. «Un maltratador no puede ser un buen padre», enfatiza Carmona, que precisa que desde luego esta premisa debe cumplirse en aquellos casos graves «o casos de violencia habitual». Es algo que ya se podía hacer, pero que la aplicación del pacto significará que se establezca por ley.
Carmona también destaca que en el documento se haya incluido a última hora medidas para intentar proteger a las víctimas en situación de sustracción de menores internacional, es decir, para evitar que se vuelva a producir otro caso Juana Rivas. «Habrá que revisar la legislación y que la comunicación y la coordinación de la Justicia de los distintos países sea más fluida y, especialmente, que no se produzcan resoluciones contrarias». Igualmente, el documento también recoge que los hijos se puedan quitar el apellido del maltratador.