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El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet es felicitado tras conocer que ha resultado absuelto de todos los delitos. / Manuel Gómez
La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, lamentó este jueves que causas tan largas como la de Mercasevilla, cuya sentencia se ha conocido a los ocho años de iniciarse la investigación, «puedan causar daño personal» a los juzgados, en este caso el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y a los otros nueve acusados, que finalmente han sido absueltos por la juez de lo Penal número 13. La Fiscalía sevillana, por su parte, está estudiando si recurre la sentencia que tumba su teoría y la de la jueza Mercedes Alaya sobre el «amaño» del concurso público para vender los suelos de la lonja a favor de la empresa Sando.
Tárrago aseguró que «son temas jurisdiccionales en los que se investiga, se practican diligencias y se realizan escritos de acusación por parte del fiscal cuando se entiende que hay actividad probatoria». Sin embargo, «si luego no hay datos en que apoyar estas pruebas y se desvirtúan en acto de juicio oral, lo normal es que un tribunal dicte una sentencia absolutoria».
Al respecto, subrayó que es «inevitable los perjuicios que se puedan causar; no hay ninguna fórmula para resolver este tema, lo único seguir trabajando bien, como imagino que han hecho todos».
Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla está estudiando si recurre o no, la sentencia. En este sentido, fuentes del departamento que dirige María José Segarra, informaron a Europa Press de que, en estos momentos, están estudiando las 393 páginas que componen la sentencia dictada por la juez Yolanda Sánchez Gucema, de manera que no han decidido aún si recurren o no la misma.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas señalaron que la Fiscalía y el resto de acusaciones cuentan con un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En el juicio, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para los diez acusados por un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declarase la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre Mercasevilla y Sanma. Según el Ministerio Público hubo una «decisión política» para adjudicar a Sando, el concurso público para la venta de los suelos y calificó de «paripé» el concurso. Sin embargo, para la jueza «no hay pruebas», sino solo «meras sospechas».
Por su parte, el alcalde, Juan Espadas, aseguró este miércoles que la absolución de todos los acusados «debe poner un punto y final» a las «excesivas» estrategias políticas de «acoso y derribo». Así, ha pedido a su antecesor y actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y al actual portavoz adjunto del Grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, que «recapaciten» sobre lo acontecido, ya que fueron ellos quienes impulsaron la denuncia y durante la instrucción el PP ejerció la acusación popular.
«Se trataba de una estrategia de acoso y derribo al adversario, en la que valía absolutamente todo». «Es muy grave hasta donde llegó el PP a la hora de judicializar la política municipal», dijo en referencia a que este caso marcó la vida política municipal en las elecciones municipales de 2011. A su entender, tras la absolución de todos y cada uno de los acusados, el PP le debe «unas disculpas a las personas, sus familias y a la imagen del Ayuntamiento y de Mercasevilla».