-
-
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo-D’Ocón, y el director del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Santiago Sánchez Solano. / El Correo
Como probablemente ocurre con tantas cosas, la investigación en Sevilla es un ámbito de contrastes. Conviven en ella, y a nivel andaluz y español, experiencias de primer nivel con apuros cotidianos para garantizar la financiación de proyectos de interés probado. El coordinador institucional en Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Miguel Ferrer, sitúa la cuestión al hablar de «un déficit de financiación pública» y, enseguida, destacar que el déficit de financiación privada es aun mayor, y más grave.
«El gran déficit nacional en I+D+i no es tanto la inversión pública, que es más baja que en los países de nuestro entorno. La expectativa sería del dos o dos coma algo por ciento, y estamos en el uno coma dos o tres. Pero en la participación privada en investigación estamos todavía más lejos», recalca, y aporta datos: «En Francia, de cada tres euros dedicados a investigación, dos son privados. En España es al revés».
Esto no quiere decir que no haya empresas innovadoras. Ahí están las que se integran, junto a entidades públicas, en el PCT Cartuja, espacio científico de referencia en la ciudad. Pero el sector público está detrás de un enorme porcentaje de proyectos.
Este año tiene una esperanzadora novedad en el ámbito autonómico: el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi 2020). Nació en marzo con objetivos ambiciosos: movilizar 16.700 millones de euros hasta 2020 e incorporar a 7.000 investigadores. La Junta de Andalucía, su promotora, asume un esfuerzo presupuestario concretable en que, si en 2014 la inversión en investigación y desarrollo supuso el 1,03 por ciento del PIB andaluz, la previsión de la Consejería de Economía y Conocimiento es que en 2020 ese porcentaje se haya elevado hasta el 2 por ciento con los 3.574 millones de euros que prevé invertir. La Junta estima también que la mitad de los 16.700 millones de euros que el Paidi plantea emplear la aportará el sector privado. Se toca así otro objetivo central, porque la investigación está muy volcada en el sector institucional en Andalucía y en España. Implicar a las empresas y convencerlas de la necesidad de apostar por la innovación es otro de los objetivos declarados de la administración.
Universidad de Sevilla
El presupuesto de la Universidad de Sevilla (US) para 2016 supone un aumento del 47,19 por ciento de su gasto en investigación y desarrollo con respecto a 2015. Las inversiones reales dedicadas a gastos en este fin ascienden a 28.920.242 euros, un 6,8 por ciento del presupuesto total de 423.790.618 euros. Un año antes, destinó al mismo campo 19.648.100 euros.
«Hay que hacer una apuesta definitiva por la investigación y la innovación. Y eso parte fundamentalmente de incentivar que las empresas innoven con deducciones fiscales, cosa que ya se hace, pero, en definitiva, se hace invirtiendo. Hay que crear un tejido productivo que se base en una iniciativa innovadora», explicó a El Correo de Andalucía el director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la US, Miguel Torres.
De acuerdo con la Oficina Española de Patentes y Marcas, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Hispalense ha solicitado 368 patentes nacionales entre 2005 y 2015. Solo la Politécnica de Madrid, con 514, y la Politécnica de Cataluña, con 383, la superan.
Desde 2003 ha apoyado la creación de 56 «empresas basadas en el conocimiento», lo que la sitúa como la tercera universidad española en este apartado.
Univ. Pablo de Olavide
La Pablo de Olavide (UPO), la universidad pública más joven de España, dedica un porcentaje inusualmente elevado del presupuesto total a gastos de I+D. En 2015, casi 25 millones de euros fueron a este ámbito. Suponen un 27,7 por ciento de los 90 millones de su presupuesto. La UPO explica que concede una «particular importancia a la transferencia de tecnología y conocimiento».
La situación de la UPO en los ranking de productividad científica –lleva cuatro años repitiendo en la segunda posición del sistema universitario público nacional en productividad investigadora– se debe, explica su vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología, Bruno Martínez Haya, a su apuesta inicial por los investigadores jóvenes. «Esa apuesta por investigación de líneas emergentes y por los jóvenes debe mantenerse. Y se ha frenado por los recursos humanos. Se ha truncado porque la carrera investigadora, a raíz de las restricciones de contratación y la inversión en I+D, se ha frenado. Esperamos recuperarla», apunta Martínez Haya, para quien la universidad necesita ese refuerzo para garantizar su aportación «principal a la sociedad: la producción de conocimiento científico y crítico, de tecnología de referencia y, principalmente, de personal investigador formado».
El papel del CSIC
El presupuesto para funcionamiento para 2016 de centros e institutos del CSIC en Andalucía asciende a 9.584.275,30 euros. Es un 19,30 por ciento de su presupuesto total. El incremento respecto al de 2015 se debe a los nuevos gastos de funcionamiento del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, a la conversión en centro mixto CSIC-US del Instituto de Microelectrónica de Sevilla y a la subida generalizada del 1 por ciento para compensar la reducción en la prorrata de IVA (no deducible) para 2016 aplicada al CSIC.
La visión de su coordinador institucional en Andalucía, Miguel Ferrer, ya está esbozada: falta financiación pública, pero sobre todo privada. «El motivo es cultural –reflexiona–. Por un lado, los investigadores han vivido ajenos a la necesidad de que la sociedad aprecie su trabajo y por otro lado, y eso es más grave, las empresas españolas piensan que la innovación es más un gasto que una inversión». No es una opinión aislada en el sector. Lo que sí es, sin duda, es otro aspecto a mejorar.