-
Agentes de la Guardia Civil retiran documentos del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), en la Cala de Mijas (Málaga). / Jorge Zapata (Efe)
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estima que el fraude en las subvenciones de los cursos de formación se centra en Sevilla en 29 empresas, responsabilizando del mismo a 53 personas. Son las conclusiones que se recogen en al ampliación del atestado policial, el último realizado por los investigadores, remitido al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que es el que está investigando estas supuestas irregularidades cometidas con las ayudas que se aportaban desde la Delegación Provincial de Empleo. El atestado cuenta con 50 tomos y consta de unos 13.000 folios.
El titular de este juzgado, Juan Gutiérrez Casillas, abrió esta investigación hace un año y la misma se engloba dentro de la conocida como operación Edu, abierta por este supuesta delito de fraude de subvenciones, que la Policía Nacional está llevando a cabo en las provincias andaluzas. En la misma, han sido ya detenidas 46 personas, a las que hay que añadir otras siete encausadas anteriormente por causas semejantes, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado de prensa.
El magistrado, que también lleva otras causas como las irregularidades detectadas en Invercaria y en la Fundación DeSevilla, solicitó a la Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos que se están investigando. Ahora, según indica este material recien recibido en el Juzgado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 encausados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios a los que se han adjuntado en su envio a Fiscalía otra documentación, ésta con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes informáticos). En esta causa, en la que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucia -como acusación-, el juzgado trata de depurar si existe responsabilidad penal (o bien administrativa o fiscal) y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican «múltiples y diversos usos fraudulentos de fondos de la Junta de Andalucia, partidas cuyo uso normativo era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo de trabajadores en paro», recoge el comunicado.