Quién es quién en Mercasevilla

Los principales acusados y la jueza que protagonizó las investigaciones e interrogatorios para limpiar las cloacas del servicio de abastecimientos

18 ene 2017 / 08:00 h - Actualizado: 18 ene 2017 / 22:30 h.
"Corrupción","Caso Mercasevilla","Juicio a la política","Antonio Rodrigo Torrijos","Jueza Alaya"
  • Domingo Enrique Castaño. / El Correo
    Domingo Enrique Castaño. / El Correo
  • Meercedes Alaya. / Raúl Caro (Efe)
    Meercedes Alaya. / Raúl Caro (Efe)
  • Fernando Mellet. / Juan Ferreras (Efe)
    Fernando Mellet. / Juan Ferreras (Efe)
  • Jorge Piñero. / Pepo Herrera
    Jorge Piñero. / Pepo Herrera
  • Gonzalo Crespo. / Manuel Olmedo
    Gonzalo Crespo. / Manuel Olmedo
  • Antonio Rodrigo Torrijos. / El Correo
    Antonio Rodrigo Torrijos. / El Correo

Ayer comenzó el juicio por el caso Mercasevilla. Es uno de los juicios por corrupción más importantes de Andalucía, toda vez que el descubrimiento de intrusos en uno de los ERE de la entidad de abastecimiento de Sevilla fue el primer hilo de la madeja del caso de los ERE fraudulentos que terminó sacudiendo el gobierno autonómico y sentado en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñan.

El caso Mercasevilla se inició, por su parte, al investigar el supuesto cohecho a la empresa Grupo La Raza para una subvención con destino a una escuela de hostelería en el complejo de Mercasevilla, en las afueras de la ciudad.

Durante la investigación salieron a la luz irregularidades en la venta de suelos propiedad de Mercasevilla y un militante del PSOE de Baeza (Jaén) como afectado por el ERE de una empresa... a 250 kilómetros de distancia. Algo comenzaba a oler muy mal y había que tirar del hilo. Lo que se juzga ahora es esa venta irregular del terreno, hecha a un precio muy inferior a quien debía haberse llevado la puja.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, se encarga del caso desde que dejara la titularidad del juzgado la magistrada Mercedes Alaya en 2015. Aquí exponemos los perfiles de cinco de los 10 acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación. Alaya consideró que el delito de fraude y exacciones ilegales «se habría cometido al haber existido un concierto previo» entre los cargos públicos, técnicos y empresarios «con el fin de que el concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria».

La Fiscalía atribuye a los acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide nueve años de inhabilitación.

DOMINGO ENRIQUE CASTAÑO

Exasesor del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) desde 1999 y ex director del área de Vía Pública de Sevilla entre 2003 y 2007, también está implicado en la trama Madeja de percepción de sobornos de empresarios con vistas a la financiación ilegal del Partido Socialista, por lo que estuvo en prisión. Igualmente su nombre está asociado al escándalo de las facturas falsas del distrito Macarena y de la asociación de Vecinos Unidad.

Después de su etapa municipal trabajó desde junio de 2008 para una empresa del grupo Sando, cuya filial Sanma está salpicada en la venta de terrenos de Mercasevilla que ahora se juzga.

Alaya ordenó investigar en 2012 el «enriquecimiento sospechoso» de Castaño, y poco antes de que llegara Juan Ignacio Zoido a la alcaldía de Sevilla (2011-2015) Monteseirín lo rescató de forma efímera para la Fundación DeSevilla copn un salario anual de 35.000 euros. Solo estuvo en ese puesto cinco meses.

Los inicios de Domingo Enrique Castaño lo sitúan en la Agrupación Macarena del PSOE, y fue miembro del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo en el primer mandato de Monteseirín (1999-2003), como representante de la asociación de vecinos Unidad. Llegó a Mercasevilla como consejero el 24 de mayo de 2005, dos años antes del ERE con intrusos

JUEZA MERCEDES ALAYA

Nacida en 1963, parca en declaraciones a la prensa, Alaya instruyó el caso Mercasevilla, además del caso de los ERE, hasta que ascendió a la Audiencia Provincial en junio de 2015. Muy celosa de su vida privada, en internet tan pronto tiene cuatro hijos como uno o ninguno, o ha nacido en Écija o Alcalá de Guadaíra. Vanity Fair le adjudicó en 2014 cuatro retoños, la primera cuando todavía estaba cursando Derecho, en un perfil en para el que no habló con ella, sino con gente de su entorno. Una foto oficiosa de su época de estudiante la presenta sufriendo una novatada cuando comenzó la carrera, mientras que, de nuevo la revista de modas sitúa la muerte de su padre cuando ella tenía 15 años y la de un hermano a los 34.

Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Carmona, donde ejerció durante dos años. De allí saltó al de Instrucción número 4 de Fuengirola (Málaga), en el que estuvo hasta 1992. Ese año regresó a Sevilla. Se hizo con la titularidad del Juzgado de Instrucción nº6 en 1998. Además del caso Mercasevilla y el de los ERE, para redondear su popularidad, investigó el papel de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis.

En cuanto a su vida pública, se hizo muy popular por mantener a los acusados largas horas en el calabozo para interrogarlos de madrugada –los abogados la calificaron de «prepotente y despectiva»–, así como por su resistencia a delegar parte de la instrucción de sus causas a algún otro juez que la ayudara. Posiblemente es la más fría entre los jueces estrella. Su instrucción de estos casos de corrupción política fue criticada velada y abiertamente también porque sus tiempos judiciales coincidían con los momentos de campaña en que más daño podían hacer al partido más salpicado, el PSOE. Por contra, se llegó a formar un club de fans en Facebook con más de 40.000 seguidores, fundamentalmente detractores de las largas décadas de poder socialista en Andalucía, de chanchullos y abusos. La presión por estas causas tan abultadas pudo estar detrás de su baja, de seis meses, por fortísimos dolores de cabeza, entre 2012 y 2013.

FERNANDO MELLET

Llega al juicio acusado de delito societario y malversación a raíz del ERE de Mercasevilla en 2007. La fiscalía le pide nada menos que 24 años de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad de documento mercantil en relación al uso inadecuado de 460.666 euros de la lonja. Con su visa de Mercasevilla gastó 31.000 euros y solo justificó 6.000.

Ya condenaron al exdirector general de Mercasevilla por haber solicitado un soborno a los empresarios del Grupo La Raza. Mellet siempre se acogió al derecho a no declarar ante la juez Alaya, y achacó esa animadversión a que despidió a su marido, auditor de cuentas de Mercasevilla por «falta de control» sobre esas cuentas. Comenzó su andadura al frente de Mercasevilla en septiembre de 2002. Antes había sido abogado laboralista, con excelentes relaciones con el sindicato CCOO, al que había defendido.

JORGE PIÑERO

El abogado Jorge Piñero fue vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, así como asesor de la sociedad de venta mayorista desde 1983, con la llegada del socialista Manuel del Valle a la alcaldía de Sevilla. Tanto los alcaldes Alejandro Rojas-Marcos (PA, 1991-1995) como Soledad Becerril (PP, 1995-1999) y Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE, 1999-2011) lo ratificaron en esta responsabilidad.

Piñero también llegó a ser vicedecano del Colegio de Abogados de Sevilla. Lo señalan como el arquitecto jurídico del pliego de condiciones por el que Sanma se hizo con los terrenos puestos a la venta por Mercasevilla, al amañar presuntamente dos cláusulas que la beneficiaban. De su biografía al margen de Mercasevilla destaca su cualidad de socio de Manuel del Valle, quien fuera alcalde de Sevilla entre 1983 y 1991, en el bufete Nervión SLP, desde 1994.

GONZALO CRESPO

Gonzalo Crespo fue presidente del mercado de mayoristas (Mercasevilla) desde 2005 hasta febrero del año 2007. Antes había participado en los albores del socialismo andaluz desde su localidad natal, Estepa, cinculado a Rafael Escuredo, primer presidente autonómico (1979-1984). Fue director general de Emigración en esa Junta primigenia.

También trabajó en el Fondo de Pensiones de la Diputación de Sevilla y en la correduría de seguros Previsión Agraria. Pero también se ha dedicado al periodismo.

La Policía Judicial le llegó a preguntar por qué, en el concurso público, se adjudicó a la empresa Sanma los terrenos de Mercasevilla por 106 millones de euros, a pesar de que el grupo Noga había ofrecido 158 millones de euros. Y es que oteros imputados, como Jorge Piñero, lo señalaron como «cerebro» de la operación de venta de estos terrenos.

ANTONIO RODRIGO TORRIJOS

Fundador de las Comisiones Obreras en Andalucía en la clandestinidad, sindicalista histórico de Sevilla y concejal por IU en el periodo 2003-2011. Fue vicealcalde desde 2007, en virtud del pacto de gobierno con el PSOE de Alfredo Sánchez Monteseirín. ¿Cómo llegó al banquillo este ATS especializado en psiquiatría, que también llegó a ser mienbro del a dirección federal del PCE? También fue el impulsor del carril bici en Sevilla, una herencia que ha transformado la ciudad.

La jueza Alaya, protagonista judicial del caso, lo llamó a declarar en 2010 para que explicara los pormenores de la venta de los suelos. En abril de 2015 decidió abrir juicio oral por la venta «fraudulenta» de estos suelos en 2006, que se adjudicaron a la empresa Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor.

La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para Torrijos y ocho de inhabilitación para ejercer cargo público. El fraude se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, por el «concierto previo» entre los acusados para que el concurso de los suelos «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria». Rodrigo Torrijos abandonó de forma voluntaria y temporal IU en 2014 para que el caso –también el de la Fundación DeSevilla, en el que está igualmente imputado– no perjudicara a las siglas. En todo caso es el imputado con nivel político más alto, la pieza de caza mayor sobre la que se han vertido ríos de tinta, como cuando se le ocurrió subir a su cuenta de Twitter una foto de una mariscada y fue linchado por la prensa y las redes sociales.