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El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu (i), y el responsable en Andalucía de Save the Children, Javier Cuenca, se dan la mano tras firmar en Sevilla un convenio de colaboración. / EFE
Save the Children atiende en Sevilla a más de 600 menores en riesgo de exclusión
“Trabajamos con los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que nos facilitan la información. Se trata de familias en desempleo, muchas monoparentales, con bastantes hijos a su cargo, y que viven bajo el umbral de la pobreza”
El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y el responsable en Andalucía de Save the Children, Javier Cuenca, han pedido la elaboración de una ley integral frente a la violencia de género contra la infancia, una cuestión “en alza” y, a juicio de ambos, “no suficientemente visibilizada”.
Así lo han señalado en rueda de prensa en Sevilla tras firmar un acuerdo de colaboración para poner en marcha una labor conjunta para la promoción de los derechos de la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. La iniciativa sitúa a los niños andaluces como los protagonistas de las actuaciones que realizarán conjuntamente.
Save the Children atiende en Sevilla “a más de 600 niños y sus familias en riesgos de exclusión” mediante el desarrollo de un programa integral de lucha contra la pobreza, que “a partir del curso que viene se hará también en Cádiz y que nos permite poder tener un análisis de la realidad para poder incidir en la Administración pública, para que diseñe políticas a favor de la infancia”, ha indicado su responsable en Andalucía.
“Trabajamos con los servicios sociales de los ayuntamientos, que son los que nos facilitan la información. Se trata de familias en desempleo, muchas monoparentales, con bastantes hijos a su cargo, y que viven bajo el umbral de la pobreza o incluso en situaciones de pobreza severa”, explica Cuenca, que añade que “lo que intentan es, desde un enfoque educativo, que esos niños no se queden atrás por esa situación de pobreza”.
Igualmente, la organización proporciona también a estas familias material educativo, y “algún tipo de tratamiento que no cubre la seguridad social como gafas, audífonos, etcétera”, indica Cuenca, que agrega que “algunos niños reciben también apoyo psicológico”, porque la situación en una casa donde no hay recursos “genera frustración, estrés y eso se proyecta en los niños como testigos de la misma, lo que genera autoestima baja, habilidades sociales nulas o conflictos con los propios compañeros en el aula”, concluye.
En este sentido, Maeztu apunta que la Defensoría ha recibido en 2014 “un total de 792 quejas y más de 2.000 consultas relacionadas con violencia infantil, violencia de género o rupturas familiares con los niños como víctimas”. Para el Defensor la situación del menor “no está visualizado, ni está en el debate social”, toda vez que asegura que “se necesita que los medios de comunicación le den mayor visibilidad a estos temas”.
Del mismo modo, Cuenca ha señalado que la violencia contra la infancia “en un fenómeno multidimensional”, con una situación en la que el acoso escolar “es un problema grave y en alza” --un 37% de niños a nivel nacional declaran haber sido víctimas de acoso escolar--, y en la que la crisis “ha aumentado la violencia de los adultos sobre los menores”.
“La violencia contra la infancia no está suficientemente visibilizada”, ante lo que “pedimos la elaboración de una ley integral de violencia de género contra la infancia”, porque la Ley del Menor “no la contempla como creemos que la tiene que contemplar”. “El fenómeno de la violencia contra la infancia es de tal dimensión que necesitamos una ley propia”, insiste Cuenca.
En este sentido, ambas entidades son conscientes del trabajo que aún queda por hacer, y están sensibilizados con dos grandes retos pendientes para mejorar las condiciones de vida de la infancia en Andalucía: trabajar por los problemas que causan la pobreza infantil y poder mejorar las condiciones de vida relacionadas con la violencia ejercida contra la infancia o entre iguales.
Por ello, con este convenio firmado hoy se reforzarán líneas de trabajo ya emprendidas por la Oficina del Defensor del Pueblo como el Premio del Menor o el e-Foro de menores, un espacio de participación de los niños con un consejo asesor formado por un menor de cada provincia andaluza.
También se pondrán en marcha otras actividades, como la difusión del III Protocolo sobre comunicaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, procedimiento que permite a los niños, una vez que hayan agotado las vías que les facilita su país, denunciar situaciones de vulnerabilidad al Comité de Derechos del Niño de la ONU, con sede en Ginebra.
PRIMER CASO NACIONAL EN MALAGA
Al respecto, Cuenca ha precisado que el primer caso de un niño que ha elevado una queja ante esta institución --que se puede hacer a través de un email facilitado en la web del propio comité-- “ha sido el de un menor de Málaga cuyo familia fue desahuciada hace algo más de un mes”, porque “el sistema de su país no ha sabido dar respuesta a esa vulneración”. “Ahora el comité tiene que admitir a trámite la queja y luego pedir responsabilidades al Estado”, añade.
Asimismo, gracias al convenio firmado este viernes se difundirá información sobre los derechos del menor a través de las redes sociales y portales web de ambas entidades o se llevarán a cabo actividades de formación y sensibilización sobre la defensa y promoción de los derechos de la infancia.