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Los afectados cuentan con varias sentencias favorables. / Manuel Gómez -
El caso Mercasevilla tiene consecuencias más allá de los tribunales y la política. Consecuencias sobre «personas honradas» que dedicaron más de 30 años de trabajo a esta empresa. Es la historia de Manuel y de medio centenar de jubilados que llevan desde 2012 sin cobrar los complementos que les corresponden según los acuerdos que alcanzaron Junta de Andalucía, la empresa y Vitalia cuando se acogieron al primer ERE que hizo la entidad, en 2003, en el que, insisten, «no hay ningún intruso».
«Nos sentimos engañados, se ríen de nosotros. Después de tantos años de trabajo no cobramos lo que nos corresponde». Llevar a sus espaldas la marca Mercasevilla les ha supuesto un importante problema en todo el proceso. «Es verdad que la gente cuando escucha ERE en Mercasevilla piensa siempre en los intrusos y los que se llevaron dinero. Pero nosotros somos trabajadores normales que no hemos cobrado nada más que lo que nos correspondía por nuestra jubilación y llevamos años esperando que se haga justicia y se nos pague lo acordado», explica Manuel que toma la voz dentro del grupo de jubilados que no se explica el motivo de que su situación no encuentre solución y que se siente «desesperado» y «desamparado» ante «una injusticia total». «El tiempo pasa y nada. Van ya para cinco años así. Estamos hartos de palabras bonitas y de promesas y que nada cambie», asegura.
En todo este tiempo han llamado a infinidad de puertas buscando una solución «que nunca llega». Con representantes políticos autonómicos de todos los colores, «que nosotros no entramos en esas cosas», con el defensor del pueblo andaluz... Pero no hay avances. «Notamos una falta de apoyo total. Como somos mayores nadie nos echa cuenta».
En una época bien distinta a la actual, en la que muchas empresas incentivaban la prejubilación de sus trabajadores en EREs que garantizaban el mantenimiento de su poder adquisitivo como si lo hicieran en la edad de jubilación para solventar problemas económicos se enmarca la historia de este grupo de hombres que, cansados de trabajar durante más de 30 años en unos horarios difíciles y con unas labores duras, decidieron acogerse a lo que su empresa les proponía allá por 2003.
«Aquí nadie ha cobrado indemnizaciones mayores a las que le corresponde por la liquidación normal de trabajador», reitera Manuel. El acuerdo que les propusieron consistía en que los mayores de 61 años se jubilaban por la Seguridad Social, como se haría a los 65, y la Junta de Andalucía pagaba un complemento hasta llegar al «100 por cien de lo que tendríamos que cobrar de manera vitalicia para que no perdiéramos poder adquisitivo». Al llegar a los 65 años se comenzaba a cobrar la jubilación normal como si hubieran cotizado normalmente.
El problema llega en el año 2012 cuando la Junta de Andalucía saca un Decreto-ley, 4/2012 de 16 de octubre, en el que se recoge que «no podrán seguir percibiendo estas ayudas una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación». «Así fue como de repente perdimos todo lo que habíamos firmado cuando nos jubilamos», recuerda. En los acuerdos firmados al acogerse al ERE de 2003, además, había una serie de garantías que se perdían, como que los familiares «seguirían cobrando vitaliciamente el 50 por ciento de lo que estuvieran percibiendo» estos trabajadores.
Fue en marzo de 2013 cuando tanto este grupo, como otros afectados por el mismo decreto de la Junta de Andalucía, consiguen una resolución del Gobierno autonómico en la que devuelven el derecho a percibir estas ayudas complementarias a su jubilación. «En ese momento nos dicen que tan solo falta que se haga una novación», es decir, restituir el derecho a cobrar estas cantidades, «algo que a día de hoy no hemos conseguido que se haga». Desde entonces, este grupo de trabajadores no ceja en el empeño de reclamar lo que es suyo. De hecho, cuentan con varias sentencias de compañeros que optaron por la vía legal para ponerle solución y también con sendas quejas, la primera de 2015, del defensor del pueblo. En ellas, Maeztu pide «la mayor diligencia posible» en la adopción de las medidas necesarias «que pongan término a la suspensión en la percepción de las ayudas sociolaborales», «el abono de los atrasos» y «la normalización en la percepción de las mensualidades». «Pero tampoco ha servido de nada», explica Manuel. «A ellos les responden igual, con buenas palabras y nada más». De hecho, cuenta, «han vuelto a repetir la queja este año».
El próximo día 27 tienen concertada una reunión con el director general de Trabajo. «A ver qué nos dice pero la verdad es que no vemos salida». Mientras, lamentan, «son muchos los compañeros que se van muriendo. Somos ya muy mayores y todos tenemos algo. Igual esta es la solución que esperan». Ellos lo achacan a un problema político. «Nadie se atreve a firmar nada para Mercasevilla porque se relaciona siempre con lo mismo», concluyen, «si no, no se explica que estemos así».