Después de que el martes se conociesen los datos del paro en agosto, que certificaban la destrucción de más de cien mil puestos de trabajo, el Ejecutivo se ha embarcado en un frenético rosario de propuestas y proyectos de reforma. En tan sólo 72 horas, ha anunciado la restricción de las contrataciones en origen de extranjeros; la concesión de titulaciones de Formación Profesional a quienes acrediten tres años de experiencia en el ámbito laboral y pasen por un examen; un programa especial para los damnificados por el desplome del sector inmobiliario; un plan para la mejora de los campus universitarios; el endurecimiento de las penas para los pederastas y para quienes participen en el tráfico de inmigrantes ilegales y, como oferta más sustancial, la redacción de una nueva ley del aborto que sustituirá a la normativa vigente, que data de 1985. En esta tesitura, es comprensible que haya quien interprete que el Gobierno pretende desviar la atención sobre los estragos que provoca la crisis en el bolsillo de los españoles situando en el punto de atención de la opinión asuntos de la agenda social, y no tanto de la económica. Tal vez sea así, pero tampoco es cuestión de criticar al Gobierno sólo porque tome la iniciativa y emprenda actuaciones en casi todos sus departamentos ministeriales. Más bien es al contrario. Si en vez de hacer esto sólo se centrara en la lucha contra la crisis, se diría que el estancamiento se ha contagiado al propio Gobierno, paralizado y sin capacidad de maniobra más allá del parcheo de los agujeros financieros. En todo caso, el acento crítico debe fijarse en la sensación de que algunas de estas medidas -la nueva ley del aborto o las contrataciones en origen de inmigrantes- se han anunciado de una forma precipitada, sin que aún sean más que unos simples esbozos que no tienen ni la categoría de borradores. Ahí es donde sí cabría reclamar más rigurosidad a algunos ministros del Gobierno de Zapatero.
