La ruta del narco en Andalucía tiene los juzgados colapsados: la carga penal duplica la media

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en Cádiz, ha confirmado que habrá una juez de refuerzo en Barbate, en el juzgado que instruye la causa por la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado mes de febrero.

La medida de apoyo para los juzgados 1 y 2 de la localidad gaditana consistirá en la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut, informó el CGPJ en una nota. Se acuerda por un plazo de seis meses renovables.

El refuerzo lo propuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un estudio sobre la situación en los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y de Huelva más afectados por el narcotráfico del que los miembros de la permanente han dado cuenta este jueves a los presidentes de ambas Audiencias y a los jueces decanos de la zona.

Radiografía de las carencias

Durante la reunión celebrada este jueves en Cádiz se han expuesto las conclusiones de este informe sobre la situación de los partidos judiciales en Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, así como en Ayamonte y Moguer, en Huelva, que son los más afectados por el fenómeno del narcotráfico.

Según los datos recabados por la inspección, la carga de trabajo global (civil y penal) supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023. Además, el rendimiento general de estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.

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Por otra parte, la pendencia en todos los órganos es elevada, ya que en materia civil la pendencia media es de 945,5 asuntos -superior a la media nacional, que es de 765,4- y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional de 374,2. Esto no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado. También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias andaluza y nacional.

Piden refuerzos

El informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque; crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda; y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada hoy para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer.

En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la inspección advierte de la elevada carga de trabajo que soporta la sección séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023) no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.

Complejidad de las causas

El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y testigos. Las intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, son procesos largos y complejos. “El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria”, asume el informe.

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Se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además proponer resolver deficiencias detectadas como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores, problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles. A ello se añaden medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras, etc.

Ir a la Audiencia Nacional

En el corto plazo resultaría eficaz, señala el informe, modificar la ley para que en el caso de delitos contra la salud pública de especial gravedad, sin necesidad de que estos “produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias”, los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.

Para evitar la elevada rotación de los titulares de estos juzgados, la mayoría de los Juzgados están servidos por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años, se propone implantar tribunales de instancia.