La Junta rechaza irregularidades en sus contratos sanitarios: "Se sometieron a todos los controles"

En un discurso muy duro, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha defendido la gestión de la Consejería de Salud y Consumo durante la pandemia. Frente a un informe de la Intervención Servicio Andaluz de Salud (SAS) que analiza 3.669 expedientes entre 2020 y 2021 que supusieron 296,3 millones de euros y en los que se adjudicaron contratos sin publicidad, la también consejera de Hacienda ha señalado que estas contrataciones "se sometieron a todos los controles" legales pertinentes.

Según ha publicado eldiario.es, un informe de los interventores del SAS revela que la Consejería de Salud prorrogó de forma "indebida" y "sin justificación" los contratos a dedo a empresas privadas durante 2021. La Junta se amparó en los contratos de emergencia nacidos a raíz del Covid, que tenían un carácter "excepcional y residual" y los siguió utilizando una vez este marco legal fue derogado. Por ello, la Intervención del SAS alertó en su informe de que se había "vulnerado" la ley de contratos del sector públicos y pidió que este tipo de dinámicas contractual pararan. Esta advertencia no fue tenida en cuenta.

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Estos contratos se mantuvieron en el tiempo y no fue hasta junio de 2023 cuando expiró la cuarta y última prórroga de este tipo de contratos. Al respecto de por qué se siguió adjudicando a dedo estos contratros de urgencia, España no ha respondido, se ha limitado a puntualizar que en los años posteriores a la crisis del Covid, "se ha vuelto a unos niveles normales en cuanto a esas contrataciones de urgencia".

La Junta subraya "total transparencia"

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha argumentado, ante las reiteradas preguntas de la prensa, que desde Salud pusieron "en marcha todas las recomendaciones de la Intervención". Sin embargo, pese a lo que sostiene el informe, la consejera de Hacienda, ha defendido que "todos los contratos se han sometido a los controles de la legalidad". Así, ha subrayado que la urgencia viene determina por "el órgano que contrata" y ha insistido en que no incumple la ley de contratos públicos.

Además, España ha señalado que "la Cámara de Cuentas hizo informes favorables". En realidad, este organismo analizó los contratos del SAS durante la contratación de emergencia ante la crisis sanitaria y reveló que en un "32,34% de los supuestos analizados (en 65 de los 201 contratos, que afectan al 28,18 % del importe total de la muestra) se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación".

La Cámara de Cuentas analizó una serie de contratos de urgencia y en el "32,34% de los supuestos analizados se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación"

España ha explicado que "desde el SAS siempre se ha obrado con informes jurídicos" y que desde la Consejería, entonces dirigida por el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, actuó "con total transparencia". "Todas las contrataciones están publicadas y todos los expedientes han sido sometidos al riguroso control de legalidad", ha recordado.

"Estábamos preocupados por salvar vidas"

"Nosotros en su momento estábamos preocupados por salvar vidas", ha repetido una y otra vez la consejera de Hacienda, que ha defendido que hay que situarse en el "estamos hablando de 2020 y 2021, donde la Covid estaba en una situación muy complicada". Estos contratos, en su opinión, se llevaron a cabo por "una necesidad imperiosa de dar asistencia a los andaluces" durante los meses de la pandemia y la postpandemia.

La consejera ha recordado también que las "contrataciones de urgencia y emergencia se hicieron en Andalucía y toda España". Así, ha indicado que la contratación de urgencia "siempre es a posteriori" y que "si se hace con carácter previo, se pierde esa urgencia". "Le podemos dar todas las vueltas que queramos, pero esa es la realidad", ha sentenciado.

La oposición redobla la presión contra la consejera de Salud: reprobación, cese y comisión de investigación

Cabe recordar que las mayores críticas de la oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno están relacionadas con la gestión de la sanidad pública. Todos los partidos de la oposición, incluido Vox, han denunciado los "contratos sucesivos con clínicas privadas", como señaló la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en la Cámara autonómica. De hecho, en numerosas ocasiones los grupos del Parlamento pidieron la dimisión o el cese de la ya exconsejera del ramo, Catalina García, que ahora es la titular de Medio Ambiente tras la remodelación de su equipo que realizó antes de verano.