Sanidad

"Ahora hay transparencia": El Gobierno andaluz niega irregularidades en el SAS y acusa al PSOE de "falta de coherencia"

Carolina España sostiene que fueron los socialistas quienes retiraron el control previo en 1993

Carolina España, ptvoz. del Gobierno andaluz, acusa al PSOE de "falta de coherencia"

El Correo

Victoria Flores

Victoria Flores

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha negado que los contratos fraccionados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) incumplan la legalidad y ha asegurado que "ahora hay transparencia". Además, ante las exigencias de los socialistas de que la interventora general explicase las supuestas, les han recordado que, cuando gobernaban, ellos también recibieron informes desfavorables de la intervención y no los llevaron a sede parlamentaria.

Este martes, El País ha dado a conocer que la intervención señala en un informe que el 92,13% de los contratos menores realizados por el SAS en 2021, que tienen un impacto económico de 1.223 millones de euros en las ocho provincias, tuvieron "irregularidades e incumplimientos".

En los últimos dos meses se han conocido en total "18 informes desfavorables, demoledores, de la intervención de la Junta". El coordinador de Presidencia del grupo socialista, Rafa Márquez, ha insistido en que esto eleva "a más de 1.200 millones de euros los contratos menores bajo sospecha a los que hay que unir los 300 millones de euros en contratación de emergencia que también han sido fiscalizados".

El PP acusa al PSOE de "falta de coherencia"

Los socialistas han pedido este martes que la interventora general de la Junta de Andalucía y la interventora general del SAS comparezcan en el Parlamento para "esclarecer" las supuestas irregularidades en las contrataciones. "¿Va a seguir mirando hacia otro lado el señor Moreno Bonilla?", se han preguntado los socialistas para pedir la colaboración de Moreno y el resto de su Gobierno a quienes les ha cuestionado también si van a dar "alguna explicación hoy después del Consejo de Gobierno o nadie va a asumir responsabilidades".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, a preguntas de los periodistas tras el Consejero de Gobierno, ha minimizado el impacto real de estas auditorías de la intervención. La popular ha señalado que los informes hablan de 2021, en pleno Covid y "era un momento difícil donde todas las administraciones tenían como objetivo salvar vidas y proteger a los profesionales".

Además, España ha apuntado directamente a los socialistas para argumentar que "del año 2013 al 2018 hubo 33 informes desfavorables de la intervención y el PSOE se negó a que compareciera la intervención". "Nos parece cierta falta de coherencia", ha opinado. Pese a todo, ha explicado que la comparecencia o no de la interventora general la decidirá el Parlamento autonómico.

"Hay transparencia"

"Aquí ahora hay transparencia, antes no la había", ha replicado la consejera portavoz, que ha destacado que "hay informes jurídicos y se publican en el portal de transparencia y se atienden las reclamaciones de la intervención". España ha insistido en que desde el Gobierno de la Junta se cumple con las recomendaciones de los funcionarios de la Junta y que estas son públicas. Así, ha puntualizado que "hay informes jurídicos y se publican en el portal de transparencia y se atienden las reclamaciones de la intervención".

Aunque desde el Gobierno popular tratan de minimizar el impacto, el 3 de octubre la Fiscalía admitió a trámite una denuncia de los socialistas contra el Gobierno de Moreno por adjudicar 243 millones de euros mediante contratos de emergencia entre 2021 y 2023. El PP repite que esta admisión es rutinaria, pero Márquez ha defendido que "lo normal no es que se admitan todas las denuncias, sino que cuando los jueces observan indicios de delito, las admiten y cuando ven que no hay nada, ni siquiera abren diligencias".

Sobre la mesa está también la sustitución del control financiero permanente por el control financiero previo, algo que piden los socialistas y los que los populares se han negado. Sin embargo, la consejera portavoz ha acusado a los diputados del PSOE de ser ellos quienes implementaron este mecanismo. "Tengo entendido que fue en el 93 cuando se eliminó el control previo, fue el PSOE el que lo eliminó", ha señalado.