La Junta defiende a la actual gerente del SAS: "No es una adenda, es un pago por los servicios"

“No es una ampliación del plazo, no es una ampliación del plazo, no es la realización de los servicios, ni una ampliación del importe total, es un pago por los servicios”. Así ha defendido el Gobierno de la Junta de Andalucía a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García. La responsable del SAS ha sido citada como investigada en el juzgado número 13 de Sevilla en relación con las supuestas irregularidades en los contratos de emergencia de Salud.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, ha defendido este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el papel de la gerente y su trayectoria profesional. Así, ha acusado a los socialistas, quienes han interpuesto la querella, de “atacar a una funcionaria”.

García llegó este lunes al juzgado acompañada de su abogado y sin esperar a ser notificada. El magistrado Javier Santamaría había citado como investigados a la gerente así como a sus antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, "para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella".

"No me consta ningún contrato"

“Es un ataque del PSOE a una funcionaria, una médico de reconocido prestigio, su carrera la ha forjado a base de esfuerzo, trabajaba como gerente del Reina Sofía”, ha recriminado la popular, que ha reconocido que en el Gobierno “no entienden” la denuncia de los socialistas. “Estoy convencida de su inocencia”, ha declarado para asegurar que en San Telmo están “tranquilos, colaborando con la justicia”.

"No me consta ningún contrato de emergencia del SAS en 2024", ha zanjado España. La portavoz del Gobierno de la Junta ha señalado que el último informe que denuncian los socialistas, que ha permitido la ampliación de la querella, se refería en realidad a contratos de 2022 y 2023. Además, ha subrayado que el propio documento sostiene que "no hay que comunicar medidas cautelares, que no hay informe de actuación y que no hay menoscabo de fondos públicos ni infracción de buen gobierno".

Con todo, ha explicado que los contratos terminaron “un par de meses antes de que se diera por finalizada la emergencia por parte del Gobierno de España”. De esta manera ha señalado que las adendas querelladas son “un documento para que se pueda realizar el pago conforme a los servicios que se han prestado”. “Es pagar exactamente lo que se ha realizado”, ha reiterado para subrayar que “al principio hay una distribución de servicios y luego hay que hacer una regularización, esa regularización se ha hecho conforme a esas adendas para poder pagar. No es un contrato adicional”.

Sorpresa en el Gobierno andaluz

En 2022, el que fuera consejero de Hacienda, Juan Bravo, señaló en sede parlamentaria que "en 2021 se suscribieron 4.124 contratos de emergencia con un coste de 502,7 millones de euros, un 84% suscritos por el SAS". En 2021 la Consejería de Hacienda ya dio una instrucción para que cesaran los contratos de emergencia que el SAS ignoró, ya que siguió contratando por esta vía hasta dos años después.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha defendido a García, "una persona que en este momento forma parte de la Junta". "Los demás no forman parte", ha abundado para puntualizar por qué no ha hablado en defensa los antecesores de la gerente, que también han sido citados. Así ha insistido en que al Gobierno de Juanma Moreno le "sorprende" porque "es una señora que es funcionaria": "Nos ha extrañado".

El Gobierno andaluz defiende que no existió ningún tipo de irregularidad y que todos los contratos de emergencia desde 2021 a 2023 se hicieron con el "garantías jurídicas" y el aval de los letrados de la Junta. En concreto el SAS pidió el visto bueno de los servicios jurídicos, que se pronunciaron en dos informes del 10 de agosto de 2022 y otro anterior de 28 de diciembre de 2021.