Andalucía tendrá que incorporar a 70.000 funcionarios jubilados al SAS con el fin de Muface

Por el momento parece que los días de Muface están contados. Ninguna aseguradora privada ha aceptado la oferta del Gobierno de España para renovar la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y los empleados públicos temen verse sin sus médicos y en un sistema sanitario público ya de por sí colapsado.

A nivel general (mutualistas de Muface de todas las edades), Andalucía es la comunidad autónoma más afectada por este tensionamiento del sistema, solo por detrás de Castilla y León y Extremadura. Pero si se pone el foco sobre los más mayores (las personas de 65 y más años), la comunidad andaluza se coloca a la cabeza.

Sanidad propone liquidar Muface mientras Función Pública intenta buscar una solución

La administración estatal es la encargada de negociar la continuidad de Muface, sin embargo, serán las comunidades autónomas las encargadas de hacerse cargos de sus beneficiarios si el acuerdo no llega, pues tienen las competencias en la materia. Un informe del Ministerio de Sanidad adelantado por La Ser y elDiario.es defiende que la inclusión de estas personas en la sanidad pública es "tanto viable como razonable".

La cartera dirigida por Mónica García (Sumar) ha trabajado durante meses en este documento y sostiene que, "ante esa situación, es preciso partir del análisis concreto de lo que supondría en cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas la incorporación de esta población, con sus particularidades".

Los mayores de 65 años, en el foco

Los mutualistas mayores de 65 años en Andalucía representan el 4,6% de la población total que hace uso del SNS. Andalucía es una de las comunidades en las que habrá un mayor impacto de la incorporación de mutualistas al Sistema Nacional de Salud. No solo eso, Andalucía es "la comunidad autónoma con mayor impacto en la incorporación de este grupo de edad". Teniendo en cuenta que en Andalucía hay 1,5 millones de personas con más de 65 años, serían unas 69.650 personas de esta franja de edad las que pasarían de la sanidad privada al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según el último anuario presentado por Muface en el año 2022, cerca de 390.000 de los beneficiarios de este servicio son funcionarios jubilados en toda España, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años por el envejecimiento que presenta la función pública. De hecho, casi uno de cada tres (27%) afectados por el final del servicio (entre titulares y familiares) tienen más de 65 años. Sin embargo, a partir de los 70 años las posibilidades de contratar un seguro privado se reducen.

El principal problema es que este grupo de edad tendrá más dificultades para contratar un seguro privado y seguir con sus médicos habituales. A partir de los 70 años los precios de las aseguradoras se disparan -y se multiplican de forma exponencial por cada año que pasa- e incluso dejan de ofertarse pólizas al dejar de ser económicamente ventajosos -los mayores van más al médico y hacen un mayor gasto sanitario-.

Una prórroga del concierto

En las manifestaciones sindicales contra el fin del sistema de conciertos son ellos los más presentes. Muchos llevan desde 1975, cuando se creó Muface, visitando a sus médicos y temen que, a partir del 1 de enero de 2025, sus citas vayan a terminarse. Así, lamentan que se interrumpirán sus tratamientos y que tendrán que comenzar a tratar sus patologías con médicos que no les conocen y que no los han visto antes. A esto se suman las listas de espera, que en Andalucía son muy superiores a las de las compañías que les atienden en estos momentos.

Con todo, desde el Ministerio se plantea que, si no se mantiene el sistema, se prorrogue el concierto durante nueve meses. En este tiempo, según la cartera de García, se podría plantear "un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud". Además, aboga por la "incorporación paulatina estratificada" de los beneficiarios. Sanidad también señala que el Estado transferiría "de manera capitativa" los recursos necesarios a las comunidades para poder prestar estos servicios.

Alianza PP, PSOE y Vox en el Parlamento andaluz para pedir al Gobierno de España que salve Muface

En un primer momento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública les ofreció subir la prima a un 12%, cifra que, posteriormente amplió a un 17,12%, la mayor de la historia. Sin embargo, las aseguradoras pedían un 40% para poder mantener sus servicios. El Gobierno había dado de plazo hasta el 5 de noviembre para la licitación, que quedó desierta y ahora plantea volverlo a ofrecer, con una nueva prima para intentar atraer a las empresas de la sanidad privada.