Puñalada en el corazón del PSOE

El procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE no sólo es un golpe al Ejecutivo andaluz –entre los dos gobernaron Andalucía 23 años–, también es una puñalada al corazón del PSOE a 25 días de las elecciones generales. Chaves y Griñán son militantes socialistas desde la adolescencia. Desde el tardofranquismo, militaron en Sevilla y Madrid junto al expresidente del Gobierno, Felipe González, en cuyo gabinete fueron ministros de Trabajo (Chaves también fue vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero). Ambos han sido secretarios generales del PSOE andaluz, la federación más potente, y presidentes del PSOE federal. Ayer, en un soplo, los dos se dieron de baja del partido tras ser acusados de prevaricación (y malversación de fondos públicos en el caso de Griñán). El PSOE, liderado ahora por Susana Díaz en Andalucía, y por Pedro Sánchez en Madrid, quedó conmocionado, buscando artificieros para contener una voladura que, aun siendo previsible, resultará difícil de controlar.

El enjuiciamiento de dos líderes socialistas de primer nivel ha asaltado a un PSOE anémico, con los peores resultados electorales de su historia, acechado por el sorpasso de Podemos e IU, que aspiran a destronarle como partido hegemónico de la izquierda el próximo 26 de junio. Para evitarlo, el PSOE tiene que resistir como primera fuerza en Andalucía –hasta ayer Sánchez y Díaz preparaban una estrategia de mayor unidad–, pero la mancha de los ERE está en Andalucía. El proceso a Chaves y a Griñán estará presente en toda la campaña, alimentará los debates y los discursos de sus rivales y minará la credibilidad de los socialistas. «Nos han reventado la campaña», decía ayer un miembro de la Ejecutiva andaluza.

El código ético del PSOE establece que «los militantes a los que se abriera juicio oral por delito ligado a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia», y así lo hicieron ellos. Pero los ERE les apartó mucho antes. Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 acosado por la investigación y por la presión de sus rivales. Más tarde, Chaves y él tuvieron que abandonar sus cargos en el Congreso y Senado, porque Ciudadanos exigió sus cabezas políticas a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz. La presidenta andaluza, heredera de los exmandatarios, no dudó en rebasar el código ético del PSOE, exigiendo su salida tras ser imputados por el Tribunal Supremo, antes incluso de que se abriera juicio oral. Se jugaba el puesto. Aquello enfrentó a la vieja guardia socialista con Díaz, pero el proceso ha derivado en el escenario que la presidenta preveía: el auto del juez de los ERE endurece la conclusión del Supremo, porque atribuye a Griñán y a otros 17 ex altos cargos de la Junta un delito de malversación, tipificado en el Código Penal con una pena de cuatro a ocho años de cárcel. El delito de prevaricación no conlleva penas de prisión, sino la inhabilitación para cargo público de siete a 10 años.

El juez cree que permitieron «un sistema arbitrario para conceder ayudas sin control», no con objeto de enriquecerse, pero sí, como decía Alaya, para comprar la paz social, contentar a sindicatos y empresarios, y tejer una red clientelar de la que el PSOE, único partido que ha gobernado Andalucía en democracia, se benefició electoralmente durante décadas.

La oposición tildó ayer de «bochorno para la autonomía andaluza» el procesamiento de los dos expresidentes, en palabras de la diputada de IU, Elena Cortés, quien pidió la comparecencia pública de Díaz. La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, calificó el caso de «vergüenza para los andaluces». Sergio Romero, de C’s, pasó de puntillas por el auto, y se limitó a decir que si «estos dos señores están jubilados es gracias» a su partido. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, trató de capitalizar el juicio contra Chaves y Griñán, recordando que es el único partido personado como acusación en el caso ERE. «Que los emergentes no vengan a decirnos ahora que con ellos llegó la lucha contra la corrupción», dijo, en alusión a C’s. «No eran cuatro golfos los que defraudaron el dinero de los parados, era una trama perfectamente diseñada», dijo el presidente popular, que hizo un paralelismo entre el caso ERE y el de los cursos de formación. Sobre este último, que investigan 18 juzgados andaluces y que también ha sido motivo de una comisión de investigación en el Parlamento, la sospecha de irregularidades recae sobre una partida de casi 3.000 millones, aunque la Junta, empezando por Chaves, Griñán y Díaz, niegan que hubiera fraude ni menoscabo de fondos. Los populares creen que el «negacionismo» del PSOE sobre este asunto es similar al que mantuvieron con los ERE, y confían en que «el tiempo también les dará la razón». El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, confió en que «quedarán libres».