El Gobierno impone a BlackRock no sacar de bolsa a Naturgy, no vender sus redes y mantener la sede y gran parte del empleo en España

El Gobierno autorizó a BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, a entrar en Naturgy como uno de sus grandes accionistas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre la solicitud de la firma comandada por Larry Fink para adquirir el fondo GIP, que es uno de los principales socios de la energética española con un 20,6% del capital (posteriormente desveló que controla ya un 20,9% tras unir los paquetes de ambas entidades). BlackRock cerró la operación formalmente el pasado 1 de octubre, pero para poder hacerlo ha tenido que asumir una serie de compromisos impuestos por el Gobierno español.

Las condiciones para el ahora segundo mayor accionista de Naturgy, sólo por detrás de Criteria (con un 26,7%), son las mismas que el Gobierno ya impuso hace tres años al fondo australiano IFM para autorizar su opa parcial para desembarcar en el accionariado de la energética española, pero alargando sus plazos de vigencia. Condiciones que van de no poder sacar a Naturgy de la bolsa española a mantener la sede y gran parte del empleo en España, así como a no promover la venta del negocio de las redes de luz y gas de la compañía o a impulsar inversiones vinculadas a la transición energética.

Exigencias de entre 3 y 5 años

BlackRock se ha comprometido a no promover ni auspiciar ninguna propuesta de exclusión de negociación de las acciones de Naturgy en las bolsas españolas durante los próximos tres años, según ha confirmado la gestora de fondos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La vigencia de las exigencias corporativas, laborales, financieras y de inversión será aún más duradera.

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El Gobierno obliga a BlackRock a mantener durante cinco años una “parte significativa” de la plantilla del grupo en España, así como a no mover el domicilio social y la sede efectiva de la gestión y dirección de negocios fuera del país. El Ejecutivo también le exige una política prudente de dividendos, una política de endeudamiento que sirva para mantener la calificación credicitica de grado de inversión y que las ratios de deuda de sus filiales de negocios regulados (singularmente las redes de electricidad y gas) no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Blackrock también se ha comprometido, para conseguir el ‘ok’ del Gobierno español a la operación, a "apoyar la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares del mercado en términos de rentabilidad y perfil de riesgo".

La gestora de Larry Fink tampoco podrá presentar al consejo de administración ni a la junta general de accionistas de Naturgy ni se promoverá o auspiciará ninguna propuesta de desinversión distinta de las reflejadas en el plan estratégico de Naturgy y que suponga “una pérdida de control de las filiales por parte de Naturgy que pudiera poner en riesgo el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España", esto es, sus redes de luz y de gas en el mercado nacional.

Movimientos accionariales

GIP, ahora controlada por BlackRock, y el fondo CVC (otro gran accionista con el 20,7% de la energética) estuvieron negociando la venta de sus participaciones en Naturgy al grupo energético Taqa, controlado por el fondo soberano de Abu Dabi, pero la operación descarriló y de momento se mantienen como accionistas de la energética.

Tras la opa fallida que preparaba Abu Dabi, Criteria -brazo inversor de Fundación LaCaixa y máximo accionista de Naturgy- busca vías para dar estabilidad accionarial a la energética si salen otros socios; IFM ha seguido reforzándose en el capital del grupo, ahora controla un 16%, y la dirección compañía ultima la presentación de un nuevo plan estratégico para crecer y reforzar su valor.

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Escudo para empresas estratégicas

El Ejecutivo ha estado analizando desde el pasado enero la operación de BlackRock para absorber GIP por sus implicaciones en un sector estratégico como el energético y para determinar hasta qué punto se veía afectada por la protección del ‘escudo antiopas’ levantado por el Gobierno durante la pandemia para blindar compañías de sectores estratégicos, como el energético, de compras por inversores extranjeros.

Desde que BlackRock anunció el acuerdo para comprar GIP por 12.500 millones de dólares, la operación ya se convirtió en objeto de la contienda política en España y también dentro del propio Gobierno de coalición progresista. Y es que Sumar (también Podemos) reclamaron públicamente al Ejecutivo que impidiera que el gigante BlackRock tomara el control del 20% de Naturgy. Unas exigencias que no fueron atendidas por el equipo económico del Gobierno comandado por el PSOE.