Los hoteleros confían en que el Gobierno enmiende su propia norma para pedir solo DNI y pasaporte: "No vamos a someter a nadie a un interrogatorio"

Después de meses de quejas por parte del sector turístico, este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros que obliga a los hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches a pedir más datos a los viajeros de los que recogían hasta ahora. Los hoteleros, que habían amenazado en las últimas semanas con acudir a los tribunales, advierten que no van a hacer un examen a sus clientes y confían en que el Gobierno enmiende su propia norma para tener que pedir solo el pasaporte y el DNI, como hasta ahora. "No vamos a someter a nadie a un interrogatorio, no podemos hacerlo", advierte el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella. Mientras, las agencias de viajes reiteran que se les exima y advierten de que la medida "pone en riesgo la actividad turística" del país.

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Esta nueva herramienta -que da cumplimiento a un real decreto que se aprobó en 2021- convierte a las actividades de hospedaje, que van desde los campings o zonas de estacionamiento de autocaravanas hasta hoteles, así como a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales, en una suerte de policía turística al servicio del Ministerio del Interior. Y es que todas estas empresas tendrán que recabar datos como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio y volcarlos a una aplicación (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas.

El objetivo de la medida es contar con la mayor información posible de cara a la prevención y lucha contra el terrorismo y crimen organizado, cuyo 'modus operandi' tiene en la logística y uso de vehículos a motor como un factor determinante y, aunque los hoteleros se muestran dispuestos a "colaborar", insisten en limitar esa recogida de información al DNI y el pasaporte, como hacen ahora. "La seguridad de España es algo fundamental. Estamos dispuestos a colaborar, como hemos venido haciendo, solicitando los datos del pasaporte y DNI a todos los pasajeros y transmitiéndolos a la Policía, lo cual ha servido para tener este magnífico sistema de seguridad que tiene España", ha insistido Estalella.

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Y, de hecho, confían en que la aplicación de esta medida se revierta en las próximas semanas, después de que el Ministerio haya publicado el viernes pasado una consulta pública para regular el proceso. "Albergamos una cierta esperanza porque el viernes pasado se publicó una consulta pública que reconoce la dificultad de aplicación del real decreto que ha entrado en vigor hoy. Vamos a participar en ella para explicar qué es lo que creemos que se debe hacer, que no es otra cosa que tener la capacidad de que con un lector de pasaporte y DNI pasar el documento y que vaya automáticamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", afirma Estalella.

Además, los hoteleros denuncian el "riesgo" que supone "solicitar, transmitir y guardar durante tres años" los datos personales de sus clientes, como establece el citado real decreto; mientras desde el Ministerio del Interior defienden que la Agencia Española de Protección de Datos, que concluyó que el contenido estaba amparado por el reglamento europeo de protección de datos. También el Consejo de Estado dio su aval a esta regulación.

Competencia de otros países

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha enviado sendas cartas a los ministros de Interior y Turismo, Fernando Grande-Marlaska y Jordi Hereu, para pedir una vez más que se les exima de la citada norma, ya que este sector "no ha estado nunca obligado a facilitar estos datos" y ya "los prestadores finales de los servicios, empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos" están sujetos a ella.

"Al no eximir a las agencias de viajes y operadores turísticos pone en riesgo la actividad turística, en particular la de ámbito internacional, siendo conocedores, que son ya, varios touroperadores especialmente europeos, que están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión", afirma las agencias en la misiva.

Y añaden que no conocen "a ningún país" del entorno que haya dispuesto nada parecido: "Es una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados", sostienen.