Fractura total en la cúpula fiscal por la amnistía: 19 votos frente a 17 avalan su aplicación

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por un único voto de diferencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha ordenado al ministerio público informar a favor de aplicar la amnistía a los líderes del 'procés' condenados por malversación, como el expresidente de ERC Oriol Junqueras, o procesados en rebeldía por este mismo delito, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que los representantes del ministerio público en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo por el 1-O se oponían.

Activado el mecanismo estatutario del artículo 27, contra las decisiones de superiores que no se comparten, nadie se atrevía a augurar hacia qué lado se inclinaría la Junta de Fiscales de Sala, a la que han asistido 37 (dos de ellos de forma telemática) de sus 39 miembros, la mayoría de ellos, aupados a la cúpula de la carrera fiscal durante el mandato de Dolores Delgado y de García Ortiz, lo que hacía presumir que previsiblemente la mayoría compartiera su criterio. Los dos que faltaban han excusado su presencia por motivos de salud.

Y la votación ha estado tan ajustada que solo un voto ha hecho que la balanza se incline a favor de la postura de García Ortiz, que ha recabado 19 -18 más el suyo propio-, frente a 17, entre los que están los de los cuatro fiscales del 'procés', que entendían que la amnistía no puede ser aplicable al delito de malversación de caudales, porque la propia ley veta expresamente "el enriquecimiento personal de carácter patrimonial” y si se atenta contra los intereses de la unión, extremos que la posición mayoritaria descarta que se produzcan en este caso. El fiscal de Sala Antonio Vercher se ha abstenido.

Ahora se encargarán de hacer los informes solicitados por el Tribunal Supremo la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal Joaquín Sánchez-Covisa. Ambos sustituirán a Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, que fueron los primeros en intervenir para defender su postura en contra de aplicar la amnistía por el delito de malversación. A continuación se abrió un debate, en el que participaron 20 de los fiscales participantes, a los que el fiscal general fue dando la palabra de menor a mayor antigüedad en la Junta. La deliberación siempre se mantuvo en términos jurídicos en relación con los informes de una y otra parte

Fuentes fiscales destacan la intervención que realizaron tanto el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, como Pilar Barrero, ambas a favor de la aplicación de la amnistía. A su lado se posicionaron el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y el que durante muchos años lo fue de Antidroga, José Ramón Noreña, así como la exfiscal general Dolores Delgado, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo, aunque la sentencia aún no se ha ejecutado, lo que le permite participar en la junta. En contra de aplicar la amnistía a la malversación estuvieron, entre otros, la también exfiscal general del Estado María José Segarra y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El último en intervenir fue García Ortiz, que defendió que los fiscales del 'procés' respondían a cuestiones que no les competen y hacen afirmaciones de naturaleza extrajurídica. También sostuvo que sus compañeros equiparan el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", que la ley considera no amnistiable, cuando no lo es, ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que habría supuesto la intervención de la Fiscalía Europea.

Última palabra del Supremo

La última palabra la ha tenido el fiscal general, como ocurrió tras la junta de Tsunami, donde prácticamente todos los fiscales vieron indicios para actuar contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y, pese a ello, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, informó en contra, aunque su criterio fue desoído por la Sala Segunda del Supremo que terminó abriendo un procedimiento contra el líder de Junts. En cualquier caso la decisión final será de los magistrados del Tribunal Supremo, tras escuchar los argumentos de la fiscalía y de todas las partes.

El debate sobre la aplicación de la amnistía se ha producido en un momento cuando menos delicado para García Ortiz por el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por revelación de secretos en el caso de los delitos fiscales imputados a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que es muy probable que termine imputado, una vez que ha asumido la responsabilidad sobre la nota de prensa sobre las conversaciones mantenidas con el abogado defensor para buscar un acuerdo de conformidad. Este mismo martes, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias interpuso una denuncia en su contra directamente en el Tribunal Supremo, ante el que está aforado.

Desde el entorno de García Ortiz se ha negado que, aunque se produzca su imputación, vaya a dimitir, porque entiende que actuó desde la legalidad para frenar una información parcial, en la que se daba a entender que el intento de alcanzar una conformidad partía de la Fiscalía, cuando provenía de la defensa de Alberto González Amador, que estaba dispuesta a aceptar ocho meses de prisión.

En su decreto a favor de la aplicación de la amnistía a los condenados o procesados por malversación, García Ortiz se remitía hasta en 23 ocasiones a la Comisión de Venecia, organismo que en un informe de marzo de 2024 concluyó que "la normalización, institucional, social y política constituyen objetivos legítimos" para aprobar la ley orgánica de la amnistía. También argumenta que de ser cierta la afirmación de los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno consistente en que no puede ser amnistiable porque afecta a intereses europeos, debería ocuparse de ella la Fiscalía Europea.