El Gobierno pide al Supremo que rectifique y aplique la amnistía a Puigdemont: "La ley es muy clara"

El Gobierno cree que el Tribunal Supremo tiene que enmendarse, después de que la Sala de lo Penal rechazase aplicar la amnistía a los dirigentes independentistas que han sido condenados o están procesados por malversación, como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Desde la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría no ha ido este martes tan lejos como el PSOE el día anterior. A diferencia de la dirección de su partido, Alegría no ha dicho que los magistrados han llevado a cabo “consideraciones políticas sorprendentes e innecesarias”. Pero sí ha dado a entender que el alto tribunal no está respetando en la aplicación de la norma la voluntad del legislador, que pretende que la amnistía se aplique a todos los encausados por el procés. 

 “Máximo respeto a las decisiones del Poder Judicial. La ley de amnistía fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. El texto es muy claro y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Somos perfectamente conscientes de la eficacia y efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley”, ha señalado la también ministra de Educación, en una respuesta que ha repetido en varias ocasiones, evitando salirse del guion prefijado. 

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El Ejecutivo y el PSOE consideran que la norma, que entró en vigor hace 20 días y ya se está aplicando (este martes un juzgado de Barcelona ha amnistiado a los 46 agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas policiales durante el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017), deja poco espacio a la interpretación. Pero no se plantean hacer nuevos cambios en su redactado,. Para el Supremo, la malversación entra dentro de las excepciones que contempla la propia ley, al sostener que el delito se cometió con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

Pero tanto los socialistas como los independentistas, con quienes redactaron la amnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, recuerdan que no hubo lucro y subrayan el contenido del artículo 1.4: “No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [es decir, al el procés] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". De ahí la insistencia de Alegría en que el texto legal es “muy claro”. En cualquier caso, el futuro de Puigdemont, Junqueras y demás líderes secesionistas, anticipa el Ejecutivo, acabará ante el Tribunal Constitucional.

La investidura de Illa

Más dudas existen en el Gobierno sobre el impacto político que el auto del Supremo tendrá en ERC y Junts, en un momento en el que los socialistas catalanes negocian con los republicanos su posible apoyo a la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. En privado, distintos dirigentes consultados asumen lo evidente. “Todo esto no ayuda”, señalan. Pero el mensaje sigue siendo optimista en público. 

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“Los pasos de la negociación se darán en el Parlament -ha dicho Alegría-. Toda la confianza del Gobierno en que ese proceso termine en un gobierno liderado por Illa. Así lo han solicitado los ciudadanos. No solo en las autonómicas; también en las generales y europeas. Así que confianza y prudencia. El resultado será claramente positivo para la sociedad catalana”.